Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump deberá obtener autorización del Congreso para construir el enorme salón de baile que proyecta levantar en el sector donde se encontraba el ala este de la Casa Blanca.
Los magistrados determinaron, por dos votos contra uno, que una intervención de esa magnitud sobre la residencia presidencial corresponde a una decisión del Congreso y no puede ser adoptada unilateralmente por el Poder Ejecutivo.
La demanda para suspender las obras fue impulsada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica. Según la sentencia, los demandantes demostraron de manera convincente que el Congreso nunca ha cedido al Ejecutivo su autoridad para rediseñar o reconstruir la Casa Blanca con el objetivo de satisfacer las preferencias de un presidente en particular.
El fallo destaca además el carácter histórico y público del edificio, al que define como “la Casa del Pueblo”, reforzando el argumento de que modificaciones estructurales de gran escala requieren intervención legislativa.
Trump ha presentado el futuro salón de baile como una de las obras emblemáticas de su paso por la Presidencia. Sin embargo, el costo estimado del proyecto ha aumentado considerablemente durante los últimos meses.
Una estimación de un contratista conocida en junio situó el presupuesto provisional en unos US$600 millones.
El mandatario ha asegurado que la construcción no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que será financiada mediante aportes privados de empresarios y personas cercanas a su administración, entre ellos Jeff Bezos, fundador de Amazon.
No obstante, estimaciones divulgadas previamente indicaron que hasta la mitad del presupuesto podría terminar financiándose con recursos provenientes de impuestos, uno de los puntos que ha alimentado las críticas y cuestionamientos sobre el proyecto.
La entrada Tribunal de Apelaciones obliga a Trump a pedir autorización al Congreso para remodelar la Casa Blanca se publicó primero en El Periodista.
Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump deberá obtener autorización del Congreso para construir el enorme salón de baile que proyecta levantar en el sector donde se encontraba el ala este de la Casa Blanca. Los magistrados determinaron, por dos votos contra uno, que una intervención de
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Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump deberá obtener autorización del Congreso para construir el enorme salón de baile que proyecta levantar en el sector donde se encontraba el ala este de la Casa Blanca.
Los magistrados determinaron, por dos votos contra uno, que una intervención de esa magnitud sobre la residencia presidencial corresponde a una decisión del Congreso y no puede ser adoptada unilateralmente por el Poder Ejecutivo.
La demanda para suspender las obras fue impulsada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica. Según la sentencia, los demandantes demostraron de manera convincente que el Congreso nunca ha cedido al Ejecutivo su autoridad para rediseñar o reconstruir la Casa Blanca con el objetivo de satisfacer las preferencias de un presidente en particular.
El fallo destaca además el carácter histórico y público del edificio, al que define como “la Casa del Pueblo”, reforzando el argumento de que modificaciones estructurales de gran escala requieren intervención legislativa.
Trump ha presentado el futuro salón de baile como una de las obras emblemáticas de su paso por la Presidencia. Sin embargo, el costo estimado del proyecto ha aumentado considerablemente durante los últimos meses.
Una estimación de un contratista conocida en junio situó el presupuesto provisional en unos US$600 millones.
El mandatario ha asegurado que la construcción no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y que será financiada mediante aportes privados de empresarios y personas cercanas a su administración, entre ellos Jeff Bezos, fundador de Amazon.
No obstante, estimaciones divulgadas previamente indicaron que hasta la mitad del presupuesto podría terminar financiándose con recursos provenientes de impuestos, uno de los puntos que ha alimentado las críticas y cuestionamientos sobre el proyecto.
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