El 10 de marzo de 2022, el tribunal salió a mirar.
En el frontis del Condominio Toscana, en Tres Oriente 1270, Viña del Mar, la inspección registró un desnivel en el pavimento y una fractura en el muro de una jardinera. Las empresas demandadas hicieron una observación: aquello que parecía un hundimiento era, según ellas, una pendiente construida de esa manera.
El recorrido continuó. Un pilar inclinado. Un conducto con arena y basura. Una cañería de evacuación cortada. Otra fractura en un muro.
Después, las fachadas.
Las caras oriente y sur de la Torre B se apreciaban “muy sucias, con franjas oscuras”, dejó consignado el tribunal. El perito distinguió sectores protegidos por balcones y ventanas y otros expuestos a la polución. A petición de las demandadas se observaron también los muros del lado contrario. Desco hizo notar que allí había suciedad, aunque esa cara no enfrentaba la construcción.
La escena contenía el problema que atravesaría todo el juicio: mirar un daño no resolvía quién debía pagarlo.
Cuatro años después de aquella visita, y más de siete desde la presentación de la demanda, el expediente llegó a su última resolución entre los documentos revisados. El 5 de noviembre de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso de la comunidad.
De los $117.602.268 solicitados, quedó en pie una indemnización de $658.000, a cargo de Constructora Desco S.A., más los reajustes e intereses establecidos en la sentencia. La demanda contra Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. fue rechazada.
El monto reconocido equivale a cerca del 0,56% de lo pedido.
Una calle de distancia
El Toscana tiene dos torres, 143 departamentos y cuatro locales comerciales. Entre el condominio y la ampliación del centro comercial está calle Tres Oriente: una separación suficiente para distinguir dos propiedades, pero incapaz, según denunciaron los vecinos, de detener el polvo, los ruidos y las molestias de una obra de gran escala.
La comunidad presentó su demanda el 5 de junio de 2019, representada por el abogado José Luis Luengo Mai. Su administrador era Jacob Fernández Araya.
El escrito describía una convivencia deteriorada por las faenas: camiones que obstaculizaban desplazamientos, partículas adheridas a las fachadas, problemas en los desagües, deterioro de jardines y trabajadores que utilizaban el césped durante sus descansos.
Según la demanda, más de 400 residentes y quienes trabajaban en el conjunto habían soportado los efectos de la construcción. La comunidad situó especialmente sus reclamos en el período posterior al término de la paralización de las obras, en 2017.
La lista de reparaciones tenía diez partidas. La mayor era la pintura de más de diez mil metros cuadrados de fachadas: $89.642.700. El arreglo de la unión domiciliaria del alcantarillado sumaba otros $13.057.062.
También se pedía dinero para reponer césped, reparar ductos de aguas lluvias y soleras, limpiar muros y rejas, lavar vidrios y financiar labores adicionales de limpieza.
La pretensión era que ambas empresas respondieran solidariamente: que la comunidad pudiera exigir el pago a las demandadas en los términos solicitados.
La inmobiliaria negó que le correspondiera esa responsabilidad.
La defensa del dueño
En su contestación, Inmobiliaria Mall Viña del Mar sostuvo que no había ejecutado los actos a los que se atribuían los perjuicios. Su actividad, argumentó, era administrar el arrendamiento de locales comerciales; la construcción había sido encargada a Desco.
También planteó que parte de lo descrito correspondía a molestias transitorias inherentes a una obra: ruido, movimiento de vehículos y levantamiento de polvo, fenómenos que, según su defensa, no podían eliminarse completamente.
El argumento decisivo estaba en los contratos.
El tribunal tuvo por acreditado que el 11 de octubre de 2013 la inmobiliaria encargó a Desco la obra gruesa de la ampliación. Un segundo contrato, del 12 de junio de 2017, comprendió obra gruesa de torre, terminaciones, instalaciones y obras exteriores.
Ambos fueron pactados a suma alzada.
La jueza Gabriela Guajardo Aguilera consideró que, bajo esa modalidad, era la constructora la que dirigía, ejecutaba y administraba las faenas. Con ese razonamiento descartó que la sola condición de propietaria y mandante hiciera responsable a la inmobiliaria por los hechos de construcción discutidos.
También examinó las normas sobre fallas constructivas y ruina de edificios, pero concluyó que sus supuestos no correspondían al caso planteado.
La inmobiliaria quedó fuera de la condena. La controversia siguió concentrada en Desco y en una pregunta más precisa: cuáles de los daños reclamados podían atribuirse a sus actuaciones.
El polvo y el calendario
La comunidad tenía un informe pericial con conclusiones severas sobre el estado del condominio.
El ingeniero constructor Rodrigo Ferrada Serrano, en un informe fechado el 14 de enero de 2022, describió problemas de asentamiento, reparaciones defectuosas y afectación de las pinturas por material particulado.
Según el perito, el viento había arrastrado polvo desde los materiales de excavación. Señaló deficiencias en las medidas de control y observó que un cierre destinado a impedir el ingreso de personas a una obra no equivalía a una barrera eficaz contra partículas en suspensión.
Su conclusión era que medidas de mitigación adecuadas habrían reducido considerablemente la afectación de las fachadas.
Pero el juicio introdujo una dificultad que ese diagnóstico no resolvía: la fecha de las excavaciones.
La sentencia determinó que los movimientos de tierra a los que los informes vinculaban el polvo habían ocurrido antes de que Desco fuera contratada. Para ello consideró, entre otros antecedentes, fotografías de 2012 y 2013 aportadas por la propia comunidad.
La prueba presentada para mostrar cómo se había ejecutado la obra también permitió al tribunal separar sus etapas.
El fallo no negó que las fachadas estuvieran sucias. Descartó que se hubiera acreditado que ese daño fuera imputable a la constructora demandada por las excavaciones señaladas.
Esa diferencia —entre constatar un deterioro e identificar a su responsable— terminó siendo central.
El ruido debía medirse
Los testigos de la comunidad coincidieron en la existencia de ruidos provenientes de las faenas. Para el tribunal, sin embargo, sus relatos no demostraban que se hubieran sobrepasado los límites de la ordenanza municipal.
La sentencia señaló que no se aportaron pruebas de emisiones acústicas superiores a los máximos permitidos ni de solicitudes de fiscalización al respecto.
Algo semejante ocurrió con los camiones y las grúas.
Desco presentó autorizaciones municipales para instalar una grúa y modificar su emplazamiento, además de permisos para el tránsito de vehículos pesados y dos espacios de estacionamiento destinados a carga y descarga.
La jueza consideró que esas actividades autorizadas no constituían, por sí mismas, un hecho ilícito. Tampoco tuvo por acreditado el incumplimiento de las autorizaciones en los términos denunciados.
La comunidad sostendría después que un permiso municipal no excluye la culpa civil. Pero para modificar el resultado necesitaba demostrar, además, los hechos concretos que sustentaban esa responsabilidad.
La cañería y la explicación que llegó después
Otro capítulo del reclamo vinculaba las vibraciones de maquinaria con el asentamiento del jardín exterior y problemas en las tuberías de alcantarillado de la Torre B.
La demanda describía obstrucciones e inundaciones en locales comerciales y atribuía esos daños al trabajo de máquinas rompepavimento y bombas de hormigón.
El tribunal entendió que el peritaje ofrecía una explicación diferente: filtraciones que podían arrastrar material fino bajo el terreno y deficiencias en intervenciones de los sistemas de evacuación de aguas lluvias.
Para la sentencia, eso no acreditaba el mecanismo denunciado. Además, consideró que la mala ejecución de los desagües aparecía en el peritaje como una explicación que no había sido planteada originalmente por la actora.
El desacuerdo ya no era solamente sobre lo que estaba roto. Era sobre cómo se había roto y sobre qué hechos se había construido la demanda.
Lo que sí se probó
Entre los reclamos por fachadas, alcantarillado, tránsito y ruido, hubo un episodio que superó la exigencia probatoria: los trabajadores de Desco utilizaban las áreas verdes del condominio durante sus descansos.
El tribunal dio por acreditado, a partir de testimonios concordantes y del peritaje, que comían y reposaban en el pasto, causando deterioro.
Allí nació la única indemnización.
Para fijarla, la jueza tomó como referencia dos montos de un informe ratificado por su autor en el juicio: $378.000 y $280.000, asociados a trabajos adicionales de limpieza y horas extraordinarias del personal.
La suma fue $658.000.
El 16 de febrero de 2024, el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar acogió la demanda exclusivamente en esos términos. Ordenó reajustar el monto según el IPC desde que la sentencia quedara ejecutoriada y aplicar intereses corrientes desde la mora.
Cada parte debía pagar sus costas.
Nadie quedó conforme
La comunidad recurrió. Solicitó anular la sentencia por decisiones que consideraba contradictorias y, subsidiariamente, modificarla mediante apelación.
Desco también buscó cambiar el resultado: adhirió a la apelación para pedir el rechazo completo de la demanda, incluida la pequeña condena que había subsistido.
El 13 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso mantuvo el fallo.
La resolución sostuvo que la jueza había examinado razonadamente los medios de prueba y que los argumentos de quienes impugnaban no alteraban sus fundamentos.
La comunidad llegó entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de casación en el fondo. Cuestionó la valoración de los testigos, del peritaje y de la inspección personal, además de insistir en la responsabilidad de la inmobiliaria y en la reparación integral del daño.
La respuesta del máximo tribunal tuvo dos obstáculos principales.
Primero, el recurso no denunció como infringidas ciertas disposiciones que habían servido para excluir la responsabilidad de la inmobiliaria. Esa omisión impedía que prosperara en esa parte.
Segundo, pretendía modificar hechos que los tribunales anteriores ya habían establecido, sin demostrar eficazmente una infracción de las reglas que permitiría revisarlos.
Respecto del peritaje, la Suprema señaló que no bastaba invocar una vulneración de la sana crítica: era necesario explicar qué principio lógico, máxima de experiencia o conocimiento científicamente afianzado se había desconocido.
Sobre la visita al edificio, hizo una precisión decisiva: no se había ignorado el estado de las fachadas; se había descartado que ese daño pudiera atribuirse a Desco.
El 5 de noviembre de 2026, la Primera Sala rechazó el recurso por “manifiesta falta de fundamento”.
Lo visible y lo demostrable
El expediente contiene dos historias que no terminaron de coincidir.
Una es la de una comunidad que atribuyó al crecimiento del centro comercial un catálogo de deterioros y molestias, y acudió a tribunales para cobrar su reparación.
La otra es la de una demanda cuyos principales capítulos no lograron superar las exigencias de atribución y prueba aplicadas por los jueces: qué empresa ejecutó cada faena, en qué momento, bajo qué condiciones y con qué consecuencias acreditadas.
Los fallos no permiten concluir que todo lo denunciado fuera inexistente. Tampoco permiten presentar como judicialmente establecida la responsabilidad que la comunidad sostuvo durante años.
La jueza fue hasta Tres Oriente. Vio las manchas, las fracturas y las diferencias de nivel. El proceso reunió fotografías, declaraciones y explicaciones técnicas. Pero al final del recorrido por tres tribunales, la reparación reconocida quedó reducida a las consecuencias de una escena mucho más modesta que la obra levantada enfrente: trabajadores almorzando y descansando sobre el césped del Toscana.
La entrada Toscana contra el mall: siete años de juicio y una indemnización de $658 mil se publicó primero en El Periodista.
El 10 de marzo de 2022, el tribunal salió a mirar. En el frontis del Condominio Toscana, en Tres Oriente 1270, Viña del Mar, la inspección registró un desnivel en el pavimento y una fractura en el muro de una jardinera. Las empresas demandadas hicieron una observación: aquello que parecía un hundimiento era, según ellas,
La entrada Toscana contra el mall: siete años de juicio y una indemnización de $658 mil se publicó primero en El Periodista.
El 10 de marzo de 2022, el tribunal salió a mirar.
En el frontis del Condominio Toscana, en Tres Oriente 1270, Viña del Mar, la inspección registró un desnivel en el pavimento y una fractura en el muro de una jardinera. Las empresas demandadas hicieron una observación: aquello que parecía un hundimiento era, según ellas, una pendiente construida de esa manera.
El recorrido continuó. Un pilar inclinado. Un conducto con arena y basura. Una cañería de evacuación cortada. Otra fractura en un muro.
Después, las fachadas.
Las caras oriente y sur de la Torre B se apreciaban “muy sucias, con franjas oscuras”, dejó consignado el tribunal. El perito distinguió sectores protegidos por balcones y ventanas y otros expuestos a la polución. A petición de las demandadas se observaron también los muros del lado contrario. Desco hizo notar que allí había suciedad, aunque esa cara no enfrentaba la construcción.
La escena contenía el problema que atravesaría todo el juicio: mirar un daño no resolvía quién debía pagarlo.
Cuatro años después de aquella visita, y más de siete desde la presentación de la demanda, el expediente llegó a su última resolución entre los documentos revisados. El 5 de noviembre de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso de la comunidad.
De los $117.602.268 solicitados, quedó en pie una indemnización de $658.000, a cargo de Constructora Desco S.A., más los reajustes e intereses establecidos en la sentencia. La demanda contra Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. fue rechazada.
El monto reconocido equivale a cerca del 0,56% de lo pedido.
Una calle de distancia
El Toscana tiene dos torres, 143 departamentos y cuatro locales comerciales. Entre el condominio y la ampliación del centro comercial está calle Tres Oriente: una separación suficiente para distinguir dos propiedades, pero incapaz, según denunciaron los vecinos, de detener el polvo, los ruidos y las molestias de una obra de gran escala.
La comunidad presentó su demanda el 5 de junio de 2019, representada por el abogado José Luis Luengo Mai. Su administrador era Jacob Fernández Araya.
El escrito describía una convivencia deteriorada por las faenas: camiones que obstaculizaban desplazamientos, partículas adheridas a las fachadas, problemas en los desagües, deterioro de jardines y trabajadores que utilizaban el césped durante sus descansos.
Según la demanda, más de 400 residentes y quienes trabajaban en el conjunto habían soportado los efectos de la construcción. La comunidad situó especialmente sus reclamos en el período posterior al término de la paralización de las obras, en 2017.
La lista de reparaciones tenía diez partidas. La mayor era la pintura de más de diez mil metros cuadrados de fachadas: $89.642.700. El arreglo de la unión domiciliaria del alcantarillado sumaba otros $13.057.062.
También se pedía dinero para reponer césped, reparar ductos de aguas lluvias y soleras, limpiar muros y rejas, lavar vidrios y financiar labores adicionales de limpieza.
La pretensión era que ambas empresas respondieran solidariamente: que la comunidad pudiera exigir el pago a las demandadas en los términos solicitados.
La inmobiliaria negó que le correspondiera esa responsabilidad.
La defensa del dueño
En su contestación, Inmobiliaria Mall Viña del Mar sostuvo que no había ejecutado los actos a los que se atribuían los perjuicios. Su actividad, argumentó, era administrar el arrendamiento de locales comerciales; la construcción había sido encargada a Desco.
También planteó que parte de lo descrito correspondía a molestias transitorias inherentes a una obra: ruido, movimiento de vehículos y levantamiento de polvo, fenómenos que, según su defensa, no podían eliminarse completamente.
El argumento decisivo estaba en los contratos.
El tribunal tuvo por acreditado que el 11 de octubre de 2013 la inmobiliaria encargó a Desco la obra gruesa de la ampliación. Un segundo contrato, del 12 de junio de 2017, comprendió obra gruesa de torre, terminaciones, instalaciones y obras exteriores.
Ambos fueron pactados a suma alzada.
La jueza Gabriela Guajardo Aguilera consideró que, bajo esa modalidad, era la constructora la que dirigía, ejecutaba y administraba las faenas. Con ese razonamiento descartó que la sola condición de propietaria y mandante hiciera responsable a la inmobiliaria por los hechos de construcción discutidos.
También examinó las normas sobre fallas constructivas y ruina de edificios, pero concluyó que sus supuestos no correspondían al caso planteado.
La inmobiliaria quedó fuera de la condena. La controversia siguió concentrada en Desco y en una pregunta más precisa: cuáles de los daños reclamados podían atribuirse a sus actuaciones.
El polvo y el calendario
La comunidad tenía un informe pericial con conclusiones severas sobre el estado del condominio.
El ingeniero constructor Rodrigo Ferrada Serrano, en un informe fechado el 14 de enero de 2022, describió problemas de asentamiento, reparaciones defectuosas y afectación de las pinturas por material particulado.
Según el perito, el viento había arrastrado polvo desde los materiales de excavación. Señaló deficiencias en las medidas de control y observó que un cierre destinado a impedir el ingreso de personas a una obra no equivalía a una barrera eficaz contra partículas en suspensión.
Su conclusión era que medidas de mitigación adecuadas habrían reducido considerablemente la afectación de las fachadas.
Pero el juicio introdujo una dificultad que ese diagnóstico no resolvía: la fecha de las excavaciones.
La sentencia determinó que los movimientos de tierra a los que los informes vinculaban el polvo habían ocurrido antes de que Desco fuera contratada. Para ello consideró, entre otros antecedentes, fotografías de 2012 y 2013 aportadas por la propia comunidad.
La prueba presentada para mostrar cómo se había ejecutado la obra también permitió al tribunal separar sus etapas.
El fallo no negó que las fachadas estuvieran sucias. Descartó que se hubiera acreditado que ese daño fuera imputable a la constructora demandada por las excavaciones señaladas.
Esa diferencia —entre constatar un deterioro e identificar a su responsable— terminó siendo central.
El ruido debía medirse
Los testigos de la comunidad coincidieron en la existencia de ruidos provenientes de las faenas. Para el tribunal, sin embargo, sus relatos no demostraban que se hubieran sobrepasado los límites de la ordenanza municipal.
La sentencia señaló que no se aportaron pruebas de emisiones acústicas superiores a los máximos permitidos ni de solicitudes de fiscalización al respecto.
Algo semejante ocurrió con los camiones y las grúas.
Desco presentó autorizaciones municipales para instalar una grúa y modificar su emplazamiento, además de permisos para el tránsito de vehículos pesados y dos espacios de estacionamiento destinados a carga y descarga.
La jueza consideró que esas actividades autorizadas no constituían, por sí mismas, un hecho ilícito. Tampoco tuvo por acreditado el incumplimiento de las autorizaciones en los términos denunciados.
La comunidad sostendría después que un permiso municipal no excluye la culpa civil. Pero para modificar el resultado necesitaba demostrar, además, los hechos concretos que sustentaban esa responsabilidad.
La cañería y la explicación que llegó después
Otro capítulo del reclamo vinculaba las vibraciones de maquinaria con el asentamiento del jardín exterior y problemas en las tuberías de alcantarillado de la Torre B.
La demanda describía obstrucciones e inundaciones en locales comerciales y atribuía esos daños al trabajo de máquinas rompepavimento y bombas de hormigón.
El tribunal entendió que el peritaje ofrecía una explicación diferente: filtraciones que podían arrastrar material fino bajo el terreno y deficiencias en intervenciones de los sistemas de evacuación de aguas lluvias.
Para la sentencia, eso no acreditaba el mecanismo denunciado. Además, consideró que la mala ejecución de los desagües aparecía en el peritaje como una explicación que no había sido planteada originalmente por la actora.
El desacuerdo ya no era solamente sobre lo que estaba roto. Era sobre cómo se había roto y sobre qué hechos se había construido la demanda.
Lo que sí se probó
Entre los reclamos por fachadas, alcantarillado, tránsito y ruido, hubo un episodio que superó la exigencia probatoria: los trabajadores de Desco utilizaban las áreas verdes del condominio durante sus descansos.
El tribunal dio por acreditado, a partir de testimonios concordantes y del peritaje, que comían y reposaban en el pasto, causando deterioro.
Allí nació la única indemnización.
Para fijarla, la jueza tomó como referencia dos montos de un informe ratificado por su autor en el juicio: $378.000 y $280.000, asociados a trabajos adicionales de limpieza y horas extraordinarias del personal.
La suma fue $658.000.
El 16 de febrero de 2024, el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar acogió la demanda exclusivamente en esos términos. Ordenó reajustar el monto según el IPC desde que la sentencia quedara ejecutoriada y aplicar intereses corrientes desde la mora.
Cada parte debía pagar sus costas.
Nadie quedó conforme
La comunidad recurrió. Solicitó anular la sentencia por decisiones que consideraba contradictorias y, subsidiariamente, modificarla mediante apelación.
Desco también buscó cambiar el resultado: adhirió a la apelación para pedir el rechazo completo de la demanda, incluida la pequeña condena que había subsistido.
El 13 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso mantuvo el fallo.
La resolución sostuvo que la jueza había examinado razonadamente los medios de prueba y que los argumentos de quienes impugnaban no alteraban sus fundamentos.
La comunidad llegó entonces a la Corte Suprema mediante un recurso de casación en el fondo. Cuestionó la valoración de los testigos, del peritaje y de la inspección personal, además de insistir en la responsabilidad de la inmobiliaria y en la reparación integral del daño.
La respuesta del máximo tribunal tuvo dos obstáculos principales.
Primero, el recurso no denunció como infringidas ciertas disposiciones que habían servido para excluir la responsabilidad de la inmobiliaria. Esa omisión impedía que prosperara en esa parte.
Segundo, pretendía modificar hechos que los tribunales anteriores ya habían establecido, sin demostrar eficazmente una infracción de las reglas que permitiría revisarlos.
Respecto del peritaje, la Suprema señaló que no bastaba invocar una vulneración de la sana crítica: era necesario explicar qué principio lógico, máxima de experiencia o conocimiento científicamente afianzado se había desconocido.
Sobre la visita al edificio, hizo una precisión decisiva: no se había ignorado el estado de las fachadas; se había descartado que ese daño pudiera atribuirse a Desco.
El 5 de noviembre de 2026, la Primera Sala rechazó el recurso por “manifiesta falta de fundamento”.
Lo visible y lo demostrable
El expediente contiene dos historias que no terminaron de coincidir.
Una es la de una comunidad que atribuyó al crecimiento del centro comercial un catálogo de deterioros y molestias, y acudió a tribunales para cobrar su reparación.
La otra es la de una demanda cuyos principales capítulos no lograron superar las exigencias de atribución y prueba aplicadas por los jueces: qué empresa ejecutó cada faena, en qué momento, bajo qué condiciones y con qué consecuencias acreditadas.
Los fallos no permiten concluir que todo lo denunciado fuera inexistente. Tampoco permiten presentar como judicialmente establecida la responsabilidad que la comunidad sostuvo durante años.
La jueza fue hasta Tres Oriente. Vio las manchas, las fracturas y las diferencias de nivel. El proceso reunió fotografías, declaraciones y explicaciones técnicas. Pero al final del recorrido por tres tribunales, la reparación reconocida quedó reducida a las consecuencias de una escena mucho más modesta que la obra levantada enfrente: trabajadores almorzando y descansando sobre el césped del Toscana.
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