
El Gobierno comenzó a desmarcarse de las versiones que apuntaban a una posible red de tráfico de menores haitianos en Chile, luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, asegurara que no existen antecedentes que respalden esa hipótesis y atribuyera el caso a graves deficiencias administrativas.
En declaraciones difundidas hoy, Barros sostuvo que «no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a tráfico de niños, prostitución infantil o tráfico de órganos». Agregó que tampoco existen antecedentes que permitan afirmar que los menores involucrados estén desaparecidos o extraviados.
«No hay una sola denuncia o acción criminal que diga que un niño se perdió, ni en Haití ni en Chile», señaló el secretario de Estado.
Las declaraciones marcan un giro respecto de la alarma generada en las últimas semanas tras conocerse observaciones de la Contraloría General de la República sobre el ingreso al país de niños haitianos bajo mecanismos de reunificación familiar.
Cuestionamientos a la coordinación estatal
El debate se originó tras un preinforme reservado de Contraloría que detectó inconsistencias en el seguimiento de menores extranjeros ingresados a Chile. Sin embargo, según antecedentes conocidos posteriormente, las observaciones apuntarían principalmente a deficiencias en el cruce de información entre organismos públicos, falta de protocolos y problemas de seguimiento administrativo.
El documento habría identificado fallas en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, generando dificultades para verificar oportunamente la situación de algunos menores.
Durante las verificaciones posteriores realizadas por organismos públicos y municipios, varios de los menores inicialmente considerados como «no ubicados» fueron encontrados en sus domicilios, establecimientos educacionales o centros de salud.
Gobierno habla de un «terrible desorden»
Barros calificó la situación como un «terrible desorden» y una «muy mala política», enfatizando que los antecedentes disponibles no permiten sostener la existencia de una organización dedicada al tráfico de menores.
Las declaraciones coinciden con los esfuerzos del Ejecutivo por aclarar el alcance de las observaciones de Contraloría y evitar que las irregularidades administrativas sean interpretadas como evidencia de delitos de trata de personas.
Desde el Gobierno también se ha insistido en que las investigaciones continúan y que los distintos organismos del Estado seguirán revisando los antecedentes relacionados con los procesos de reunificación familiar y el ingreso de menores extranjeros al país.
Persisten las investigaciones
Pese a que el Ejecutivo descarta por ahora evidencias de tráfico de menores, las diligencias abiertas por el Ministerio Público continúan para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos migratorios o eventuales responsabilidades administrativas.
El caso ha abierto además un debate político sobre la gestión migratoria de los últimos años, el control de los procesos de reunificación familiar y la capacidad del Estado para mantener registros actualizados de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país bajo programas especiales.
Mientras tanto, la comunidad haitiana ha manifestado preocupación por la estigmatización generada durante la controversia, luego de que las sospechas iniciales sobre posibles delitos graves no hayan sido respaldadas, hasta ahora, por antecedentes concretos.
La entrada Gobierno descarta indicios de tráfico de menores haitianos y apunta a fallas administrativas del Estado se publicó primero en El Periodista.
El Gobierno comenzó a desmarcarse de las versiones que apuntaban a una posible red de tráfico de menores haitianos en Chile, luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, asegurara que no existen antecedentes que respalden esa hipótesis y atribuyera el caso a graves deficiencias administrativas. En declaraciones difundidas hoy, Barros sostuvo que «no
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El Gobierno comenzó a desmarcarse de las versiones que apuntaban a una posible red de tráfico de menores haitianos en Chile, luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, asegurara que no existen antecedentes que respalden esa hipótesis y atribuyera el caso a graves deficiencias administrativas.
En declaraciones difundidas hoy, Barros sostuvo que «no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a tráfico de niños, prostitución infantil o tráfico de órganos». Agregó que tampoco existen antecedentes que permitan afirmar que los menores involucrados estén desaparecidos o extraviados.
«No hay una sola denuncia o acción criminal que diga que un niño se perdió, ni en Haití ni en Chile», señaló el secretario de Estado.
Las declaraciones marcan un giro respecto de la alarma generada en las últimas semanas tras conocerse observaciones de la Contraloría General de la República sobre el ingreso al país de niños haitianos bajo mecanismos de reunificación familiar.
Cuestionamientos a la coordinación estatal
El debate se originó tras un preinforme reservado de Contraloría que detectó inconsistencias en el seguimiento de menores extranjeros ingresados a Chile. Sin embargo, según antecedentes conocidos posteriormente, las observaciones apuntarían principalmente a deficiencias en el cruce de información entre organismos públicos, falta de protocolos y problemas de seguimiento administrativo.
El documento habría identificado fallas en la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, generando dificultades para verificar oportunamente la situación de algunos menores.
Durante las verificaciones posteriores realizadas por organismos públicos y municipios, varios de los menores inicialmente considerados como «no ubicados» fueron encontrados en sus domicilios, establecimientos educacionales o centros de salud.
Gobierno habla de un «terrible desorden»
Barros calificó la situación como un «terrible desorden» y una «muy mala política», enfatizando que los antecedentes disponibles no permiten sostener la existencia de una organización dedicada al tráfico de menores.
Las declaraciones coinciden con los esfuerzos del Ejecutivo por aclarar el alcance de las observaciones de Contraloría y evitar que las irregularidades administrativas sean interpretadas como evidencia de delitos de trata de personas.
Desde el Gobierno también se ha insistido en que las investigaciones continúan y que los distintos organismos del Estado seguirán revisando los antecedentes relacionados con los procesos de reunificación familiar y el ingreso de menores extranjeros al país.
Persisten las investigaciones
Pese a que el Ejecutivo descarta por ahora evidencias de tráfico de menores, las diligencias abiertas por el Ministerio Público continúan para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos migratorios o eventuales responsabilidades administrativas.
El caso ha abierto además un debate político sobre la gestión migratoria de los últimos años, el control de los procesos de reunificación familiar y la capacidad del Estado para mantener registros actualizados de niños, niñas y adolescentes que ingresan al país bajo programas especiales.
Mientras tanto, la comunidad haitiana ha manifestado preocupación por la estigmatización generada durante la controversia, luego de que las sospechas iniciales sobre posibles delitos graves no hayan sido respaldadas, hasta ahora, por antecedentes concretos.
Salud y Sociedad archivos – El Periodista
