La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, normativa vigente desde 2017 y cuestionada durante años por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores por su aplicación contra críticos del poder.
Rodríguez remitió la propuesta al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con el propósito de avanzar en la despenalización de conductas contempladas actualmente en la legislación y corregir lo que el propio planteamiento oficial describe como desviaciones producidas durante su aplicación.
La mandataria sostuvo que la iniciativa forma parte de las medidas impulsadas para transformar el sistema de justicia penal y avanzar hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana. Según su planteamiento, la modificación podría contribuir a reconstruir la confianza en las instituciones y dinamizar la vida democrática venezolana.
La Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y estableció penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas consideradas como promoción o incitación al odio. Desde su entrada en vigencia, organizaciones civiles y de derechos humanos han cuestionado tanto la amplitud de algunos de sus conceptos como su utilización en causas vinculadas con expresiones políticas.
La oposición pide derogarla
La propuesta gubernamental fue considerada insuficiente por dirigentes opositores. Juan Pablo Guanipa, quien estuvo entre los beneficiados por la amnistía impulsada este año, sostuvo que la legislación fue empleada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos.
Guanipa planteó que, en lugar de una reforma parcial, la norma debe ser derogada completamente y reclamó además la liberación de todos los detenidos que la oposición considera presos políticos, tanto civiles como militares.
La discusión sobre la Ley contra el Odio se produce en medio del proceso político abierto en Venezuela durante 2026 y de las medidas adoptadas por el gobierno de Rodríguez después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero.
El antecedente de la amnistía
A fines de enero, Rodríguez anunció una amnistía general destinada a abarcar casos relacionados con la confrontación política desde 1999. La iniciativa fue posteriormente tramitada por la Asamblea Nacional y promulgada el 19 de febrero como Ley de Amnistía para la Reconciliación Nacional, la Convivencia Democrática y la Paz.
El texto contempló casos correspondientes al período iniciado con la llegada del chavismo al poder, aunque estableció exclusiones para delitos como graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.
La aplicación de esa legislación también generó controversia. En abril, Rodríguez sostuvo que la etapa de la amnistía estaba llegando a su fin, pese a que la normativa no contemplaba una fecha de caducidad. Para entonces, organizaciones no gubernamentales señalaban que todavía permanecían 473 personas consideradas presos políticos.
Posteriormente, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la implementación de la amnistía y señalaron deficiencias en la revisión judicial de algunos casos, mientras las autoridades mantuvieron en funcionamiento mecanismos adicionales destinados a revisar situaciones pendientes.
La reforma de la Ley contra el Odio se convierte así en un nuevo capítulo del proceso de modificaciones institucionales promovido por Rodríguez, en momentos en que continúa la discusión sobre la apertura política, la situación de los detenidos y las condiciones para una futura normalización democrática en Venezuela.
La entrada Delcy Rodríguez pide reformar cuestionada Ley contra el Odio y oposición exige su derogación se publicó primero en El Periodista.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, normativa vigente desde 2017 y cuestionada durante años por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores por su aplicación contra críticos del poder.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, normativa vigente desde 2017 y cuestionada durante años por organizaciones de derechos humanos y sectores opositores por su aplicación contra críticos del poder.
Rodríguez remitió la propuesta al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con el propósito de avanzar en la despenalización de conductas contempladas actualmente en la legislación y corregir lo que el propio planteamiento oficial describe como desviaciones producidas durante su aplicación.
La mandataria sostuvo que la iniciativa forma parte de las medidas impulsadas para transformar el sistema de justicia penal y avanzar hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana. Según su planteamiento, la modificación podría contribuir a reconstruir la confianza en las instituciones y dinamizar la vida democrática venezolana.
La Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente y estableció penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas consideradas como promoción o incitación al odio. Desde su entrada en vigencia, organizaciones civiles y de derechos humanos han cuestionado tanto la amplitud de algunos de sus conceptos como su utilización en causas vinculadas con expresiones políticas.
La oposición pide derogarla
La propuesta gubernamental fue considerada insuficiente por dirigentes opositores. Juan Pablo Guanipa, quien estuvo entre los beneficiados por la amnistía impulsada este año, sostuvo que la legislación fue empleada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos.
Guanipa planteó que, en lugar de una reforma parcial, la norma debe ser derogada completamente y reclamó además la liberación de todos los detenidos que la oposición considera presos políticos, tanto civiles como militares.
La discusión sobre la Ley contra el Odio se produce en medio del proceso político abierto en Venezuela durante 2026 y de las medidas adoptadas por el gobierno de Rodríguez después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero.
El antecedente de la amnistía
A fines de enero, Rodríguez anunció una amnistía general destinada a abarcar casos relacionados con la confrontación política desde 1999. La iniciativa fue posteriormente tramitada por la Asamblea Nacional y promulgada el 19 de febrero como Ley de Amnistía para la Reconciliación Nacional, la Convivencia Democrática y la Paz.
El texto contempló casos correspondientes al período iniciado con la llegada del chavismo al poder, aunque estableció exclusiones para delitos como graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.
La aplicación de esa legislación también generó controversia. En abril, Rodríguez sostuvo que la etapa de la amnistía estaba llegando a su fin, pese a que la normativa no contemplaba una fecha de caducidad. Para entonces, organizaciones no gubernamentales señalaban que todavía permanecían 473 personas consideradas presos políticos.
Posteriormente, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la implementación de la amnistía y señalaron deficiencias en la revisión judicial de algunos casos, mientras las autoridades mantuvieron en funcionamiento mecanismos adicionales destinados a revisar situaciones pendientes.
La reforma de la Ley contra el Odio se convierte así en un nuevo capítulo del proceso de modificaciones institucionales promovido por Rodríguez, en momentos en que continúa la discusión sobre la apertura política, la situación de los detenidos y las condiciones para una futura normalización democrática en Venezuela.
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