Los proyectos de inversión pueden enfrentar años de procesos judiciales aún después de obtener su aprobación ambiental. Según un análisis de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), este tipo de controversias pueden tardar entre tres y cuatro años en resolverse, pese a que cerca del 80% de las resoluciones originales terminan siendo confirmadas. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron 32 reclamaciones declaradas admisibles, mientras que las causas en tramitación involucran proyectos por US$10.655 millones.
La situación coincide, además, con un escenario desafiante para la producción nacional de cobre. La producción nacional de cobre de mina entre enero y septiembre alcanzó 3,63 millones de toneladas de cobre fino, frente a 3,97 millones de toneladas en igual periodo de 2025, según datos de Cochilco. Pero, al mismo tiempo, el país cuenta con una cartera de inversión minera proyectada en más de US$104.500 millones para el periodo 2025-2034.
Para Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), “la creciente judicialización de proyectos de inversión es una señal que debemos analizar con preocupación, especialmente porque introduce incertidumbre en decisiones que involucran grandes montos de capital y horizontes de inversión muy prolongados. Es importante reconocer que el acceso a la justicia ambiental constituye una garantía fundamental de nuestra institucionalidad y esta debe ser capaz de proteger adecuadamente el medioambiente. Sin embargo, también debemos preguntarnos si el funcionamiento del sistema está permitiendo resolver las controversias dentro de plazos razonables”.
“Una situación que merece una revisión profunda”
¿Qué impacto tiene esta prolongación de los procesos judiciales para los proyectos de inversión?
Cuando estos procesos se extienden, no solamente aumenta la incertidumbre para los inversionistas. También pueden verse afectadas las decisiones de financiamiento, los cronogramas de construcción y las oportunidades económicas asociadas a los proyectos. Ahora bien, sería incorrecto interpretar la totalidad de esos montos como inversiones perdidas. Estamos hablando de proyectos que enfrentan procesos judiciales y cuya materialización puede verse condicionada por sus resultados y plazos.
Según la CPC, las causas en tramitación suman US$10.655 millones. ¿Estas cifras podrían seguir aumentando?
Es una posibilidad, especialmente si se mantiene la tendencia de crecimiento en el ingreso de reclamaciones y no se producen mejoras en los tiempos de resolución. Hay que considerar que los grandes proyectos mineros requieren inversiones significativas, comprometen recursos durante períodos prolongados y necesitan condiciones razonables de certeza para avanzar.
Cuando estos procesos se extienden, no solamente aumenta la incertidumbre para los inversionistas. También pueden verse afectadas las decisiones de financiamiento, los cronogramas de construcción y las oportunidades económicas asociadas a los proyectos. Ahora bien, sería incorrecto interpretar la totalidad de esos montos como inversiones perdidas. Estamos hablando de proyectos que enfrentan procesos judiciales y cuya materialización puede verse condicionada por sus resultados y plazos.
Si cerca del 80% de las resoluciones ambientales termina siendo confirmada, ¿qué debería cambiar?
Si efectivamente estamos observando que cerca del 80% de las resoluciones ambientales originales terminan siendo confirmadas después de procesos judiciales que pueden extenderse por tres o cuatro años, tenemos una situación que merece una revisión profunda desde el punto de vista de la eficiencia institucional. Esto no significa cuestionar el derecho de las personas y comunidades a recurrir a los tribunales. Ese derecho es fundamental y debe mantenerse. Pero también es legítimo preguntarse si resulta razonable que decisiones que finalmente son confirmadas requieran tantos años para adquirir certeza jurídica.
Por eso, creo que debemos avanzar en fortalecer la calidad técnica de las evaluaciones, mejorar los mecanismos de resolución de controversias y asegurar que los tribunales cuenten con las capacidades necesarias para resolver dentro de plazos razonables.
¿Cómo se inserta este escenario en la caída de la producción de cobre que enfrenta Chile?
Si bien parte de estas variaciones puede responder a dificultades operacionales específicas, también debemos considerar factores estructurales que vienen afectando a la minería, tales como las menores leyes de los minerales, el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos y la creciente complejidad de las operaciones. Una menor producción limita nuestra capacidad de aprovechar las condiciones favorables del mercado internacional y puede afectar las exportaciones, la recaudación fiscal y la actividad económica asociada a la minería. Desde Cesco hemos insistido en que no basta con identificar estos problemas. Por eso, en septiembre del año pasado, presentamos 21 propuestas para dar un nuevo impulso al desarrollo minero, que consideran medidas para atraer inversiones, incentivar la exploración, agilizar los procesos de permisos, fortalecer la institucionalidad y promover la innovación y la productividad.
Proyectos: generar las condiciones para que se concreten
Chile proyecta más de US$104.500 millones en inversión minera entre 2025-2034. ¿Qué se necesita para concretar esos proyectos?
La cartera de inversión minera es una señal positiva. Estamos hablando de más de US$104.500 millones proyectados para el periodo 2025-2034, una cifra que refleja el potencial que tiene Chile para desarrollar nuevos proyectos y mantener su capacidad productiva. Sin embargo, es importante hacer una distinción: una cartera de inversión no equivale a inversiones aseguradas. Los proyectos se encuentran en distintas etapas de desarrollo, con diferentes niveles de madurez y condiciones pendientes para su materialización.
Desde Cesco hemos insistido en que el desafío no es solamente contar con una cartera importante de proyectos, sino generar las condiciones para que estos efectivamente se concreten. Por eso, entre nuestras propuestas hemos planteado la necesidad de fortalecer la exploración, mejorar la coordinación institucional, avanzar en mayor certeza regulatoria y promover condiciones que permitan atraer nuevas inversiones. Chile tiene una oportunidad importante frente a las perspectivas de demanda mundial de cobre, pero necesitamos mirar más allá de las cifras de inversión anunciadas. Lo relevante es cuántos de esos proyectos lograremos materializar, en qué plazos y cuál será su contribución efectiva a la producción y al desarrollo económico del país.
La entrada Cesco y judicialización ambiental: “Los grandes proyectos mineros necesitan condiciones razonables de certeza para avanzar” se publicó primero en El Periodista.
Los proyectos de inversión pueden enfrentar años de procesos judiciales aún después de obtener su aprobación ambiental. Según un análisis de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), este tipo de controversias pueden tardar entre tres y cuatro años en resolverse, pese a que cerca del 80% de las resoluciones originales terminan siendo
La entrada Cesco y judicialización ambiental: “Los grandes proyectos mineros necesitan condiciones razonables de certeza para avanzar” se publicó primero en El Periodista.
Los proyectos de inversión pueden enfrentar años de procesos judiciales aún después de obtener su aprobación ambiental. Según un análisis de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), este tipo de controversias pueden tardar entre tres y cuatro años en resolverse, pese a que cerca del 80% de las resoluciones originales terminan siendo confirmadas. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron 32 reclamaciones declaradas admisibles, mientras que las causas en tramitación involucran proyectos por US$10.655 millones.
La situación coincide, además, con un escenario desafiante para la producción nacional de cobre. La producción nacional de cobre de mina entre enero y septiembre alcanzó 3,63 millones de toneladas de cobre fino, frente a 3,97 millones de toneladas en igual periodo de 2025, según datos de Cochilco. Pero, al mismo tiempo, el país cuenta con una cartera de inversión minera proyectada en más de US$104.500 millones para el periodo 2025-2034.
Para Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), “la creciente judicialización de proyectos de inversión es una señal que debemos analizar con preocupación, especialmente porque introduce incertidumbre en decisiones que involucran grandes montos de capital y horizontes de inversión muy prolongados. Es importante reconocer que el acceso a la justicia ambiental constituye una garantía fundamental de nuestra institucionalidad y esta debe ser capaz de proteger adecuadamente el medioambiente. Sin embargo, también debemos preguntarnos si el funcionamiento del sistema está permitiendo resolver las controversias dentro de plazos razonables”.
“Una situación que merece una revisión profunda”
¿Qué impacto tiene esta prolongación de los procesos judiciales para los proyectos de inversión?
Cuando estos procesos se extienden, no solamente aumenta la incertidumbre para los inversionistas. También pueden verse afectadas las decisiones de financiamiento, los cronogramas de construcción y las oportunidades económicas asociadas a los proyectos. Ahora bien, sería incorrecto interpretar la totalidad de esos montos como inversiones perdidas. Estamos hablando de proyectos que enfrentan procesos judiciales y cuya materialización puede verse condicionada por sus resultados y plazos.
Según la CPC, las causas en tramitación suman US$10.655 millones. ¿Estas cifras podrían seguir aumentando?
Es una posibilidad, especialmente si se mantiene la tendencia de crecimiento en el ingreso de reclamaciones y no se producen mejoras en los tiempos de resolución. Hay que considerar que los grandes proyectos mineros requieren inversiones significativas, comprometen recursos durante períodos prolongados y necesitan condiciones razonables de certeza para avanzar.
Cuando estos procesos se extienden, no solamente aumenta la incertidumbre para los inversionistas. También pueden verse afectadas las decisiones de financiamiento, los cronogramas de construcción y las oportunidades económicas asociadas a los proyectos. Ahora bien, sería incorrecto interpretar la totalidad de esos montos como inversiones perdidas. Estamos hablando de proyectos que enfrentan procesos judiciales y cuya materialización puede verse condicionada por sus resultados y plazos.
Si cerca del 80% de las resoluciones ambientales termina siendo confirmada, ¿qué debería cambiar?
Si efectivamente estamos observando que cerca del 80% de las resoluciones ambientales originales terminan siendo confirmadas después de procesos judiciales que pueden extenderse por tres o cuatro años, tenemos una situación que merece una revisión profunda desde el punto de vista de la eficiencia institucional. Esto no significa cuestionar el derecho de las personas y comunidades a recurrir a los tribunales. Ese derecho es fundamental y debe mantenerse. Pero también es legítimo preguntarse si resulta razonable que decisiones que finalmente son confirmadas requieran tantos años para adquirir certeza jurídica.
Por eso, creo que debemos avanzar en fortalecer la calidad técnica de las evaluaciones, mejorar los mecanismos de resolución de controversias y asegurar que los tribunales cuenten con las capacidades necesarias para resolver dentro de plazos razonables.
¿Cómo se inserta este escenario en la caída de la producción de cobre que enfrenta Chile?
Si bien parte de estas variaciones puede responder a dificultades operacionales específicas, también debemos considerar factores estructurales que vienen afectando a la minería, tales como las menores leyes de los minerales, el envejecimiento de los yacimientos, los retrasos en proyectos y la creciente complejidad de las operaciones. Una menor producción limita nuestra capacidad de aprovechar las condiciones favorables del mercado internacional y puede afectar las exportaciones, la recaudación fiscal y la actividad económica asociada a la minería. Desde Cesco hemos insistido en que no basta con identificar estos problemas. Por eso, en septiembre del año pasado, presentamos 21 propuestas para dar un nuevo impulso al desarrollo minero, que consideran medidas para atraer inversiones, incentivar la exploración, agilizar los procesos de permisos, fortalecer la institucionalidad y promover la innovación y la productividad.
Proyectos: generar las condiciones para que se concreten
Chile proyecta más de US$104.500 millones en inversión minera entre 2025-2034. ¿Qué se necesita para concretar esos proyectos?
La cartera de inversión minera es una señal positiva. Estamos hablando de más de US$104.500 millones proyectados para el periodo 2025-2034, una cifra que refleja el potencial que tiene Chile para desarrollar nuevos proyectos y mantener su capacidad productiva. Sin embargo, es importante hacer una distinción: una cartera de inversión no equivale a inversiones aseguradas. Los proyectos se encuentran en distintas etapas de desarrollo, con diferentes niveles de madurez y condiciones pendientes para su materialización.
Desde Cesco hemos insistido en que el desafío no es solamente contar con una cartera importante de proyectos, sino generar las condiciones para que estos efectivamente se concreten. Por eso, entre nuestras propuestas hemos planteado la necesidad de fortalecer la exploración, mejorar la coordinación institucional, avanzar en mayor certeza regulatoria y promover condiciones que permitan atraer nuevas inversiones. Chile tiene una oportunidad importante frente a las perspectivas de demanda mundial de cobre, pero necesitamos mirar más allá de las cifras de inversión anunciadas. Lo relevante es cuántos de esos proyectos lograremos materializar, en qué plazos y cuál será su contribución efectiva a la producción y al desarrollo económico del país.
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