Un juez federal de Estados Unidos rechazó este jueves una petición de la Administración del presidente Donald Trump para impedir el escrutinio de aproximadamente 20 mil votos por correo en California, correspondientes a electores que el Gobierno considera presuntos no ciudadanos estadounidenses.
La resolución, dictada por el magistrado David O. Carter, representa un revés judicial para la Casa Blanca a menos de una semana de las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, previstas para el próximo martes 3 de noviembre.
El juez, designado durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, advirtió que aceptar la solicitud del Departamento de Justicia podría provocar graves alteraciones en unos comicios que ya se encuentran en desarrollo.
«Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», señaló Carter en su resolución.
Conflicto por la autonomía electoral
La controversia comenzó cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades electorales del condado de Los Ángeles y a la Secretaría de Estado de California información sobre más de 20 mil personas que, según sus registros, podrían carecer de ciudadanía estadounidense.
El Gobierno federal exigió revisar esos antecedentes y separar las papeletas correspondientes en un plazo de 48 horas, utilizando bases de datos migratorias y de la Seguridad Social.
Sin embargo, el tribunal cuestionó la fiabilidad de los mecanismos empleados para identificar a los presuntos votantes irregulares.
Carter recordó un caso ocurrido en Nevada, donde las autoridades federales identificaron inicialmente a cerca de 16 mil supuestos no ciudadanos inscritos en los registros electorales.
Después de sucesivas verificaciones, la cifra se redujo a 185 personas, que finalmente resultaron ser ciudadanos estadounidenses con derecho a sufragio.
Para el magistrado, este antecedente demuestra que los procedimientos utilizados pueden contener errores capaces de excluir injustificadamente a electores legítimos.
La resolución también cuestionó la intervención del Gobierno federal en las atribuciones de los estados para organizar y administrar sus propios procesos electorales.
El juez sostuvo que Washington no puede imponer unilateralmente nuevos procedimientos de escrutinio cuando las elecciones ya están en marcha.
Riesgo para el recuento electoral
Otro de los argumentos centrales del fallo apunta a las dificultades administrativas que provocaría la solicitud del Ejecutivo.
Implementar mecanismos especiales para identificar y separar miles de votos obligaría a las autoridades locales a modificar sus sistemas de trabajo a pocos días de las elecciones.
Esto podría retrasar el escrutinio, desviar recursos humanos y tecnológicos y comprometer el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación electoral.
La decisión judicial se produce después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara una solicitud de urgencia presentada por la Administración Trump para acelerar el procedimiento.
En esa instancia, los magistrados cuestionaron que el propio Gobierno hubiera generado una situación de urgencia al presentar sus requerimientos cuando el calendario electoral ya estaba avanzado.
Las elecciones de noviembre
Los comicios del 3 de noviembre de 2026 renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado estadounidense, además de definir numerosas gobernaciones y cargos estatales y locales.
La elección constituye una prueba política decisiva para Trump, cuyo Partido Republicano busca conservar su influencia en el Congreso durante los últimos dos años de su mandato.
California, tradicional bastión demócrata, concentra 52 distritos para la Cámara de Representantes, lo que convierte al estado en uno de los territorios de mayor peso electoral del país.
El voto por correo tiene una importancia especial en California, donde las autoridades envían automáticamente papeletas a los electores activos registrados.
Antecedentes de las disputas electorales
La nueva controversia se inscribe en una prolongada disputa política y judicial sobre las condiciones de participación electoral en Estados Unidos.
Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha cuestionado reiteradamente los mecanismos de votación por correo y ha denunciado presuntas irregularidades electorales.
Sin embargo, las acusaciones generalizadas de fraude que formuló tras su derrota frente a Joe Biden no lograron acreditarse en los numerosos procedimientos judiciales iniciados entonces.
El debate también se ha extendido a las normas de identificación de votantes, la actualización de los registros electorales y las competencias de los estados frente al Gobierno federal.
Aunque la legislación estadounidense prohíbe votar en elecciones federales a quienes no poseen la ciudadanía, los tribunales han insistido en que cualquier mecanismo destinado a detectar inscripciones irregulares debe respetar las garantías legales y evitar la exclusión de ciudadanos habilitados.
El fallo de California refuerza precisamente ese principio: las autoridades pueden investigar posibles irregularidades, pero no restringir el derecho al voto mediante procedimientos cuya fiabilidad no esté suficientemente acreditada.
La decisión mantiene abierto el conflicto entre la Administración Trump y las autoridades electorales estatales, en un escenario de creciente tensión política ante una elección que determinará el equilibrio de poder en Washington.
Actualización judicial: el Gobierno apeló
Tras conocerse la resolución del 28 de octubre, el Departamento de Justicia presentó una apelación ante el Noveno Circuito, por lo que la controversia continúa abierta a cinco días de las elecciones.
Además, los antecedentes judiciales confirman que más de 3,7 millones de californianos ya habían votado y que se habían procesado más de 500 mil papeletas cuando se resolvió la solicitud. La magnitud del proceso fue uno de los factores considerados por el tribunal para rechazar la intervención de última hora.
La entrada Juez frena intento de Trump de bloquear 20 mil votos en California se publicó primero en El Periodista.
Un juez federal de Estados Unidos rechazó este jueves una petición de la Administración del presidente Donald Trump para impedir el escrutinio de aproximadamente 20 mil votos por correo en California, correspondientes a electores que el Gobierno considera presuntos no ciudadanos estadounidenses. La resolución, dictada por el magistrado David O. Carter, representa un revés judicial
La entrada Juez frena intento de Trump de bloquear 20 mil votos en California se publicó primero en El Periodista.
Un juez federal de Estados Unidos rechazó este jueves una petición de la Administración del presidente Donald Trump para impedir el escrutinio de aproximadamente 20 mil votos por correo en California, correspondientes a electores que el Gobierno considera presuntos no ciudadanos estadounidenses.
La resolución, dictada por el magistrado David O. Carter, representa un revés judicial para la Casa Blanca a menos de una semana de las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, previstas para el próximo martes 3 de noviembre.
El juez, designado durante la presidencia del demócrata Bill Clinton, advirtió que aceptar la solicitud del Departamento de Justicia podría provocar graves alteraciones en unos comicios que ya se encuentran en desarrollo.
«Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar unas elecciones en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro», señaló Carter en su resolución.
Conflicto por la autonomía electoral
La controversia comenzó cuando el Departamento de Justicia entregó a las autoridades electorales del condado de Los Ángeles y a la Secretaría de Estado de California información sobre más de 20 mil personas que, según sus registros, podrían carecer de ciudadanía estadounidense.
El Gobierno federal exigió revisar esos antecedentes y separar las papeletas correspondientes en un plazo de 48 horas, utilizando bases de datos migratorias y de la Seguridad Social.
Sin embargo, el tribunal cuestionó la fiabilidad de los mecanismos empleados para identificar a los presuntos votantes irregulares.
Carter recordó un caso ocurrido en Nevada, donde las autoridades federales identificaron inicialmente a cerca de 16 mil supuestos no ciudadanos inscritos en los registros electorales.
Después de sucesivas verificaciones, la cifra se redujo a 185 personas, que finalmente resultaron ser ciudadanos estadounidenses con derecho a sufragio.
Para el magistrado, este antecedente demuestra que los procedimientos utilizados pueden contener errores capaces de excluir injustificadamente a electores legítimos.
La resolución también cuestionó la intervención del Gobierno federal en las atribuciones de los estados para organizar y administrar sus propios procesos electorales.
El juez sostuvo que Washington no puede imponer unilateralmente nuevos procedimientos de escrutinio cuando las elecciones ya están en marcha.
Riesgo para el recuento electoral
Otro de los argumentos centrales del fallo apunta a las dificultades administrativas que provocaría la solicitud del Ejecutivo.
Implementar mecanismos especiales para identificar y separar miles de votos obligaría a las autoridades locales a modificar sus sistemas de trabajo a pocos días de las elecciones.
Esto podría retrasar el escrutinio, desviar recursos humanos y tecnológicos y comprometer el cumplimiento de los plazos establecidos por la legislación electoral.
La decisión judicial se produce después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara una solicitud de urgencia presentada por la Administración Trump para acelerar el procedimiento.
En esa instancia, los magistrados cuestionaron que el propio Gobierno hubiera generado una situación de urgencia al presentar sus requerimientos cuando el calendario electoral ya estaba avanzado.
Las elecciones de noviembre
Los comicios del 3 de noviembre de 2026 renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado estadounidense, además de definir numerosas gobernaciones y cargos estatales y locales.
La elección constituye una prueba política decisiva para Trump, cuyo Partido Republicano busca conservar su influencia en el Congreso durante los últimos dos años de su mandato.
California, tradicional bastión demócrata, concentra 52 distritos para la Cámara de Representantes, lo que convierte al estado en uno de los territorios de mayor peso electoral del país.
El voto por correo tiene una importancia especial en California, donde las autoridades envían automáticamente papeletas a los electores activos registrados.
Antecedentes de las disputas electorales
La nueva controversia se inscribe en una prolongada disputa política y judicial sobre las condiciones de participación electoral en Estados Unidos.
Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha cuestionado reiteradamente los mecanismos de votación por correo y ha denunciado presuntas irregularidades electorales.
Sin embargo, las acusaciones generalizadas de fraude que formuló tras su derrota frente a Joe Biden no lograron acreditarse en los numerosos procedimientos judiciales iniciados entonces.
El debate también se ha extendido a las normas de identificación de votantes, la actualización de los registros electorales y las competencias de los estados frente al Gobierno federal.
Aunque la legislación estadounidense prohíbe votar en elecciones federales a quienes no poseen la ciudadanía, los tribunales han insistido en que cualquier mecanismo destinado a detectar inscripciones irregulares debe respetar las garantías legales y evitar la exclusión de ciudadanos habilitados.
El fallo de California refuerza precisamente ese principio: las autoridades pueden investigar posibles irregularidades, pero no restringir el derecho al voto mediante procedimientos cuya fiabilidad no esté suficientemente acreditada.
La decisión mantiene abierto el conflicto entre la Administración Trump y las autoridades electorales estatales, en un escenario de creciente tensión política ante una elección que determinará el equilibrio de poder en Washington.
Actualización judicial: el Gobierno apeló
Tras conocerse la resolución del 28 de octubre, el Departamento de Justicia presentó una apelación ante el Noveno Circuito, por lo que la controversia continúa abierta a cinco días de las elecciones.
Además, los antecedentes judiciales confirman que más de 3,7 millones de californianos ya habían votado y que se habían procesado más de 500 mil papeletas cuando se resolvió la solicitud. La magnitud del proceso fue uno de los factores considerados por el tribunal para rechazar la intervención de última hora.
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