El Gobierno de Venezuela notificó formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La administración encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la determinación como “firme e irrevocable” y sostuvo que la actuación del tribunal evidencia un sesgo geográfico en contra de países africanos y latinoamericanos.
“Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González.
El canciller aseguró que este patrón refleja una justicia internacional que, en lugar de aplicarse de manera equitativa, habría sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades y desconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía.
Según Plasencia, el comportamiento del TPI no corresponde a una “simple coincidencia procesal”, sino que sería el resultado de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a las poblaciones que afirma proteger.
La decisión fue adoptada en virtud del artículo 127 del Estatuto de Roma, disposición que permite a los Estados miembros denunciar el tratado y formalizar su salida del tribunal.
Caracas también acusó al organismo de ejercer una forma de lawfare o persecución judicial con fines políticos, que, a juicio del Ejecutivo venezolano, perpetúa las acciones contra el país y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir.
“Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.
La entrada Venezuela formaliza su retiro del Tribunal Penal Internacional se publicó primero en El Periodista.
El Gobierno de Venezuela notificó formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo del Tribunal Penal Internacional (TPI). La administración encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la determinación como “firme e irrevocable” y sostuvo que la actuación
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El Gobierno de Venezuela notificó formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La administración encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la determinación como “firme e irrevocable” y sostuvo que la actuación del tribunal evidencia un sesgo geográfico en contra de países africanos y latinoamericanos.
“Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González.
El canciller aseguró que este patrón refleja una justicia internacional que, en lugar de aplicarse de manera equitativa, habría sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades y desconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía.
Según Plasencia, el comportamiento del TPI no corresponde a una “simple coincidencia procesal”, sino que sería el resultado de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a las poblaciones que afirma proteger.
La decisión fue adoptada en virtud del artículo 127 del Estatuto de Roma, disposición que permite a los Estados miembros denunciar el tratado y formalizar su salida del tribunal.
Caracas también acusó al organismo de ejercer una forma de lawfare o persecución judicial con fines políticos, que, a juicio del Ejecutivo venezolano, perpetúa las acciones contra el país y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir.
“Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.
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