Las 27 mujeres entrevistadas por EL PAÍS que acusaron al director de cine Eduard Cortés de acoso sexual han hecho un comunicado en el que señalan “las grietas en la sociedad, en la industria, y en el sistema legal” que, en sus palabras, explican por qué “muchas denuncias [de violencia sexual] no se hacen a través de la policía”.
“No buscamos venganza, sino sanar”, aseguran en un comunicado acompañado de un vídeo en el que la fotógrafa Silvia Grav pone voz a las personas que la contactaron para denunciar al cineasta
Las 27 mujeres entrevistadas por EL PAÍS que acusaron al director de cine Eduard Cortés de acoso sexual han hecho un comunicado en el que señalan “las grietas en la sociedad, en la industria, y en el sistema legal” que, en sus palabras, explican por qué “muchas denuncias [de violencia sexual] no se hacen a través de la policía”.
“Los crímenes prescriben, ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas. Además, el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado. Estas limitaciones legales dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar”, se puede leer en el texto y a la vez escuchar en palabras de Silvia Grav. La fotógrafa, ahora portavoz, fue la primera en denunciar al cineasta, dos veces nominado al premio Goya y director de las populares series Merlí y Ni una más, el pasado 26 de octubre en su cuenta de Instagram,decenasde mujeres se sumaron después a ese testimonio desde sus cuentas en redes sociales.
El texto está firmado por Las 27, con una aclaración: “Por cierto. No somos 27; sino 52″. Tal y como aclara Silvia Grav en el vídeo, 27 fueron las mujeres que dieron su testimonio a este diario y 52 las que se pusieron en contacto con ella para compartir su experiencia con el cineasta.
El “comunicado de las 27″, como se titula el texto enviado por estas mujeres, comienza expresando su “más profundo agradecimiento por el apoyo recibido” después de que EL PAÍS publicara el pasado 18 diciembre la investigación sobre el caso Cortés.“Sin embargo, también sentimos la necesidad de hacer este comunicado para señalar”, entre otros asuntos, que “los protocolos dentro de las industrias y academias deben ir más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas. Las investigaciones deben realizarse sin importar el estatus de afiliación; el abuso no debería depender del rango del agresor”.
A finales de octubre, la Academia de Cine Catalán anunció que abriría una investigación tras las denuncias publicadas en redes, pues Cortés era miembro de esa entidad. El proceso no se llevó a cabo. El director comunicó su baja a finales de noviembre a través de un email, antes de que esta institución le pudiera citar a declarar para que así se iniciara el procedimiento, según explicó a EL PAÍS Laia Aubia, directora de la academia catalana, y confirmó Cortés.
Desde la Academia catalana les recomendaron a las mujeres entrevistadas por EL PAÍS acudir al despacho de Carla Vall, un bufete privado que colabora con esta institución en un servicio independiente para la atención a víctimas. Fue esta abogada la que ofreció asesoría jurídica a las denunciantes cuyos costes no pueden asumir, según explicaron varias de ellas a este periódico. “Denunciar es caro”, argumentan las mujeres en su comunicado. “Las víctimas enfrentan altos costos emocionales, legales, de revictimización, y económicos al intentar defenderse. Para poder ayudar a todas las víctimas, es urgente retomar iniciativas que quedaron paralizadas, como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 1/1996), cuyo plazo venció en octubre de 2023 y que el Gobierno aún no ha completado”.
Posteriormente, varias acudieron a la oficina de la Academia de Cine española: a la recién creada unidad de atención a víctimas de violencia machista en el sector cultural gestionada por la fundación Aspacia (financiada por el Ministerio de Cultura). Desde esta organización explicaron a EL PAÍS que: “Se dejó claro que se trata de un servicio de primera atención y nunca se planteó como un servicio para la tramitación de denuncias individuales ni colectivas”.
Una semana después, estas mujeres insisten en que “las denuncias públicas también son denuncias. En muchos casos, son la única manera de romper el silencio, evidenciar un patrón, y generar la catarsis necesaria para cuestionar y cambiar aquello que no funciona. Se ha demostrado que nuestro abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un sistema que lo permite”.
El comunicado concluye: “No buscamos venganza, sino sanar. Que las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras. Aquí nos encontraréis trabajando para construir un sistema que no solo prometa justicia, sino que la haga realidad”.
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