La Fiscalía General de Brasil manifestó ante el Tribunal Supremo Federal (STF) su rechazo a la suspensión de la denominada Ley de Dosimetría, una norma que podría reducir las condenas impuestas a los responsables de la intentona golpista contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que eventualmente beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro y a otros acusados.
En un dictamen enviado al máximo tribunal, el fiscal general Paulo Gonet argumentó que la legislación no puede ser considerada inconstitucional únicamente porque permita una reducción de penas. Según sostuvo, la norma tiene carácter general y no fue diseñada para favorecer a personas determinadas.
“La ley no individualiza beneficiarios, no menciona a personas específicas ni se limita formalmente a los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023”, señaló Gonet en su presentación ante el STF.
El pronunciamiento se produce poco más de un mes después de que el magistrado Alexandre de Moraes suspendiera temporalmente la aplicación de la ley, tras la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad. El juez estimó que el recurso constituía un antecedente jurídico relevante que podía influir en las solicitudes formuladas por las defensas de los condenados.
La controversia enfrenta a distintos órganos del Estado brasileño. Mientras la Fiscalía defiende la vigencia de la norma, la Abogacía General de la Unión (AGU), encargada de representar jurídicamente al Gobierno federal, sostuvo previamente que la ley vulnera principios constitucionales al suavizar sanciones vinculadas a ataques contra el orden democrático.
La Ley de Dosimetría establece que los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no deben sancionarse de forma acumulativa cuando ocurren dentro de un mismo contexto. Además, contempla reducciones de pena de entre un tercio y dos tercios para quienes participen en intentos de golpe o acciones contra el orden democrático sin haber financiado la operación ni ejercido funciones de liderazgo.
De entrar plenamente en vigor, la norma podría beneficiar a varias figuras investigadas o condenadas por la trama golpista, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.
La decisión final sobre la constitucionalidad de la ley quedará ahora en manos del Tribunal Supremo Federal, en un proceso que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales para los principales involucrados en el intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
La entrada Fiscalía se opone a ley que podría reducir penas a condenados por intentona golpista y favorecer a Bolsonaro se publicó primero en El Periodista.
La Fiscalía General de Brasil manifestó ante el Tribunal Supremo Federal (STF) su rechazo a la suspensión de la denominada Ley de Dosimetría, una norma que podría reducir las condenas impuestas a los responsables de la intentona golpista contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que eventualmente beneficiaría al expresidente Jair
La entrada Fiscalía se opone a ley que podría reducir penas a condenados por intentona golpista y favorecer a Bolsonaro se publicó primero en El Periodista.
La Fiscalía General de Brasil manifestó ante el Tribunal Supremo Federal (STF) su rechazo a la suspensión de la denominada Ley de Dosimetría, una norma que podría reducir las condenas impuestas a los responsables de la intentona golpista contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que eventualmente beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro y a otros acusados.
En un dictamen enviado al máximo tribunal, el fiscal general Paulo Gonet argumentó que la legislación no puede ser considerada inconstitucional únicamente porque permita una reducción de penas. Según sostuvo, la norma tiene carácter general y no fue diseñada para favorecer a personas determinadas.
“La ley no individualiza beneficiarios, no menciona a personas específicas ni se limita formalmente a los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023”, señaló Gonet en su presentación ante el STF.
El pronunciamiento se produce poco más de un mes después de que el magistrado Alexandre de Moraes suspendiera temporalmente la aplicación de la ley, tras la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad. El juez estimó que el recurso constituía un antecedente jurídico relevante que podía influir en las solicitudes formuladas por las defensas de los condenados.
La controversia enfrenta a distintos órganos del Estado brasileño. Mientras la Fiscalía defiende la vigencia de la norma, la Abogacía General de la Unión (AGU), encargada de representar jurídicamente al Gobierno federal, sostuvo previamente que la ley vulnera principios constitucionales al suavizar sanciones vinculadas a ataques contra el orden democrático.
La Ley de Dosimetría establece que los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no deben sancionarse de forma acumulativa cuando ocurren dentro de un mismo contexto. Además, contempla reducciones de pena de entre un tercio y dos tercios para quienes participen en intentos de golpe o acciones contra el orden democrático sin haber financiado la operación ni ejercido funciones de liderazgo.
De entrar plenamente en vigor, la norma podría beneficiar a varias figuras investigadas o condenadas por la trama golpista, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno.
La decisión final sobre la constitucionalidad de la ley quedará ahora en manos del Tribunal Supremo Federal, en un proceso que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales para los principales involucrados en el intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.
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