Al menos 15 mujeres, de las 27 entrevistadas por EL PAÍS que acusan al director de cine Eduard Cortés de acoso sexual, se han organizado en un grupo de WhatsApp, han juntado sus recuerdos en una página de Word, y han rebuscado entre decenas de conversaciones los pantallazos que puedan servir de indicio para demostrar que el cineasta se aprovechó de su posición en el sector para ofrecerles trabajo con la condición de que se grabaran desnudas o masturbándose. La mayoría son actrices, pero hay fotógrafas, cineastas, escritoras y bailarinas que han detenido sus trabajos un mes y medio para enfrentar los tiempos de esta nueva tarea: denunciar judicialmente lo que han vivido. Animadas en un principio por una posible denuncia colectiva, lamentan estos días la “inacción” de las diferentes instituciones culturales, que habían prometido oficinas de apoyo a víctimas de violencia en el cine, a las que han acudido. El caso Eduard Cortés revela las grietas de un sistema ineficaz para quienes deciden denunciar.
Las 27 mujeres que acusan al cineasta de acoso sexual denuncian la falta de coordinación y respuesta de las instituciones del sector, después de que el Ministerio de Cultura creara una unidad especializada
Al menos 15 mujeres, de las 27 entrevistadas por EL PAÍS que acusan al director de cine Eduard Cortés de acoso sexual, se han organizado en un grupo de WhatsApp, han juntado sus recuerdos en una página de Word, y han rebuscado entre decenas de conversaciones los pantallazos que puedan servir de indicio para demostrar que el cineasta se aprovechó de su posición en el sector para ofrecerles trabajo con la condición de que se grabaran desnudas o masturbándose. La mayoría son actrices, pero hay fotógrafas, cineastas, escritoras y bailarinas que han detenido sus trabajos un mes y medio para enfrentar los tiempos de esta nueva tarea: denunciar judicialmente lo que han vivido. Animadas en un principio por una posible denuncia colectiva, lamentan estos días la “inacción” de las diferentes instituciones culturales, que habían prometido oficinas de apoyo a víctimas de violencia en el cine, a las que han acudido. El caso Eduard Cortés revela las grietas de un sistema ineficaz para quienes deciden denunciar.
Todo estalló a finales de octubre. Después de que unos mensajes anónimos señalaran al exdiputado Íñigo Errejón y este anunciara su dimisión horas más tarde, las redes se llenaron de publicaciones anónimas de decenas de mujeres apuntando hacia otros hombres de todos los sectores, en una nueva edición del MeToo español. El 26 de octubre la fotógrafa Silvia Grav publicó una conversación con Cortés en la que lo acusaba de haberle ofrecido trabajo a cambio de mostrarse desnuda para él. Y enseguida llegaron muchas más. A partir de ese momento, ya organizadas más de 20 mujeres, decidieron dar los primeros pasos para que, como sucede a menudo, sus historias no se murieran también en las redes sociales.
Fue en esos días cuando algunas de ellas se pusieron en contacto con un servicio externo de atención a víctimas vinculado a la Academia de Cine Catalán, de la que Cortés hasta ese momento era miembro. El objetivo era doble: por un lado, buscaban ayuda para recibir asesoría jurídica sobre cómo avanzar con el caso —pues la Academia cuenta con un equipo de apoyo conformado por la abogada Carla Vall y la psicóloga Aina Troncoso, que colaboran de manera externa—, y por otro, presionar para que la institución se posicionara.
El 30 de octubre la Academia catalana anunció que iba a crear una comisión de investigación para tratar el caso —en su comunicado señalaban: “Para determinar las medidas a tomar”— y se trataba de la primera vez en su historia que se tomaba una medida semejante. Sin embargo, la comisión no prosperó: Cortés se dio de baja de la Academia antes de que se iniciara la investigación, según ha confirmado el cineasta a este diario y también la directora de la institución, Laia Aubia.
El cineasta comunicó su baja el 25 de noviembre a través de un email, antes de que esta institución le pudiera citar a declarar para esta comisión y así se iniciara el procedimiento, según ha explicado a EL PAÍS Aubia, y ha confirmado Cortés: “Lo hablé con la presidenta [Judith Colell] y me di de baja por motivos personales”, explica el cineasta. La academia catalana no llegó a contactar con el grupo de víctimas al no poder iniciar la investigación. Tras informar sobre su salida, Aubia le comunicó que “la investigación quedaba archivada provisionalmente y que se reiniciaría en caso de que volviera a solicitar el alta como miembro” en este organismo.
De manera que la opción de que Cortés fuera investigado por la máxima institución del cine catalán quedó descartada en ese momento. Al grupo de mujeres le quedaba todavía la opción de que estas instituciones culturales les apoyaran con un servicio jurídico y psicológico. Desde el servicio de la Academia catalana se les ofreció el contacto con la abogada experta en temas de violencia de género Carla Vall —también defensora de una de las denunciantes de Errejón— y un apoyo psicológico inicial. Muchas tomaron esta vía. Aunque se han quejado estos días de la falta de información clave. “No nos explicaron bien qué estábamos firmando, si era un presupuesto para poner la denuncia o para todo el proceso”, se queja una de ellas.
Debido a estos primeros roces con el despacho de Vall, decidieron buscar asesoría legal en otra parte. La Academia de cine español no se había pronunciado, pese a que la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales (CIMA) asegura a este diario que trató de “acelerar la coordinación entre academias”. La Academia de Cine española había anunciado en octubre su participación en la creación de una unidad de atención a víctimas impulsada y financiada por el Ministerio de Cultura. La fundación elegida para gestionar estas denuncias fue Aspacia, con sede en Madrid, con un presupuesto inicial de 30.000 euros que se ampliará hasta los 60.000 a partir de 2025.
Como muchas no podían encarar los costes iniciales del bufete catalán, varias acudieron a esa unidad del Ministerio y de la Academia española. “En Aspacia me dijeron que no nos podían ofrecer nada mejor que la Academia catalana”, cuenta Norah Alexandra Vega. “Contacté con Aspacia para pedir una reunión jurídica colectiva del grupo, me dijeron que lo consultaban, pero no recibí respuesta y no he vuelto a llamar”, cuenta otra de ellas. Desde la dirección de la fundación aseguran a EL PAÍS que “se ha atendido a todas las personas que se han puesto en contacto y se les ha ofrecido los servicios que brinda la Unidad, de acuerdo a sus funciones y competencias, como son información, orientación y una primera atención psicológica y jurídica”. Aspacia concreta que “se ha dejado claro que se trata de un servicio de primera atención y nunca se planteó como un servicio para la tramitación de denuncias individuales ni colectivas”.
Confianza del Ministerio de Cultura
Por su parte, desde el Ministerio de Cultura, responsable de esta adjudicación, insisten en que este centro tiene “su total confianza”, que no tienen los datos de las mujeres que han recurrido a este servicio y “se ponen a disposición de aquellas que necesiten cualquier tipo de asistencia”. No aclaran, no obstante, qué tipo de apoyo les pueden brindar más allá de lo que ofrecen a través de la institución a la que ya han acudido sin éxito.
Silvia Grav publicaba este miércoles en Instagram este mensaje: “La Academia de Cine Catalana no ha hecho ningún comunicado al respecto. Simplemente, se ha limitado a esperar al último día de plazo que el protocolo permite (30 días) para dejar que Eduard se fuera por su propio pie el día de antes […]. Para los casos prescritos no hay justicia viable más que la denuncia social”.
El caso de Eduard Cortés se ha convertido en el primero que han tenido que enfrentar desde las academias de cine y la recién creada unidad de atención a víctimas, del Ministerio. Desde sus despachos aseguran que todas han hecho “lo que estaba en sus manos”, “lo que podían”, para tratar las denuncias contra el cineasta. Sin embargo, los cauces que permiten sus protocolos internos, sus presupuestos y su capacidad operativa impiden que se observe algún avance. Y las mujeres que se han planteado denunciar alegan que se sienten solas ante la incapacidad de un sistema para protegerlas y dar visibilidad a lo que puede suceder en el sector.
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