El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto que refuerza las obligaciones de las televisiones y las plataformas audiovisuales para promover el cine y las producciones europeas, con especial atención a las obras realizadas en España y en las lenguas oficiales del Estado. La nueva regulación no se limita a establecer cuotas mínimas de emisión y presencia en los catálogos, sino que introduce una exigencia específica para que las plataformas den visibilidad y protagonismo a estos contenidos en sus servicios, de manera que no queden relegados frente a otras producciones.
El decreto establece que deberán reservar al menos el 30% de su parrilla a obras europeas y garantizar su prominencia en las páginas principales, los buscadores y las recomendaciones
El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto que refuerza las obligaciones de las televisiones y las plataformas audiovisuales para promover el cine y las producciones europeas, con especial atención a las obras realizadas en España y en las lenguas oficiales del Estado. La nueva regulación no se limita a establecer cuotas mínimas de emisión y presencia en los catálogos, sino que introduce una exigencia específica para que las plataformas den visibilidad y protagonismo a estos contenidos en sus servicios, de manera que no queden relegados frente a otras producciones.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Cultura, desarrolla el régimen de promoción de la obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística contemplado en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sus principales objetivos son reforzar la presencia de las producciones europeas en el mercado español, impulsar el trabajo de las productoras independientes y favorecer la creación audiovisual en castellano y en las lenguas cooficiales.
Protagonismo al cine europeo
Uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto es la obligación de garantizar la prominencia de las obras audiovisuales europeas en los servicios de televisión a petición o bajo demanda. Las plataformas de streaming como Movistar Plus, Netflix, HBO Max o Amazon Prime deberán asegurar que estos contenidos tengan una visibilidad adecuada dentro de sus interfaces, lo que implica que no bastará con incorporarlos a sus catálogos para cumplir con las exigencias regulatorias.
La obligación afecta directamente a la manera en que los usuarios acceden a las películas y series. Los operadores deberán adoptar medidas para que las producciones europeas aparezcan de forma destacada en las páginas principales de sus servicios, cuenten con espacios o secciones específicas y puedan localizarse fácilmente a través de los buscadores y las herramientas de navegación.
El texto contempla también la posibilidad de impulsar su presencia mediante campañas y acciones publicitarias dentro de las propias plataformas. De esta manera, la promoción deja de depender exclusivamente de las decisiones comerciales de cada operador y pasa a formar parte de sus obligaciones regulatorias.
La nueva exigencia pretende evitar que las producciones europeas cumplan formalmente con la cuota de catálogo, pero permanezcan en posiciones secundarias, con escasa exposición para los abonados. El Gobierno busca intervenir así no solo en la composición de la oferta audiovisual, sino también en las condiciones en las que los espectadores descubren y consumen esos contenidos.
Esta obligación de prominencia acompaña a la cuota mínima del 30% de obras europeas que deberán representar los catálogos de los servicios bajo demanda. Dentro de ese porcentaje, al menos la mitad tendrá que corresponder a producciones realizadas en castellano o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. También se establecen cuotas específicas para las distintas lenguas cooficiales.
Cuotas de emisión
En el caso de la televisión tradicional, los operadores deberán reservar al menos el 51% de su tiempo anual de emisión a obras audiovisuales europeas. Dentro de esa proporción, al menos la mitad deberá corresponder a contenidos en castellano o en otras lenguas oficiales. Además, un mínimo del 10% del tiempo total anual de emisión tendrá que destinarse a producciones de productores independientes. De estas últimas, al menos la mitad deberán haberse realizado durante los cinco años anteriores. El Real Decreto también establece obligaciones específicas para promover las lenguas cooficiales en el caso del prestador público estatal.
El segundo gran eje de la regulación es la financiación anticipada de obras audiovisuales europeas. La norma establece porcentajes de inversión obligatoria sobre los ingresos computables de los operadores, con diferencias en función de su naturaleza y volumen de facturación.
El prestador público estatal deberá destinar anualmente el 6% de sus ingresos computables a financiar producciones europeas. Para los prestadores privados con ingresos superiores a 50 millones de euros, la obligación se sitúa en el 5%. Las empresas con una facturación de entre 10 y 50 millones estarán sometidas a requisitos específicos adaptados a su volumen de negocio, mientras que aquellas que no alcancen los 10 millones quedarán exentas.
Los recursos podrán destinarse a financiar películas cinematográficas, películas para televisión, series, documentales y obras de animación. El objetivo es garantizar que una parte de los ingresos generados por los servicios audiovisuales contribuya a sostener la producción europea y, especialmente, el tejido de productores independientes.
La regulación incorpora también mecanismos para favorecer la diversidad lingüística. La distribución de las inversiones destinadas a obras en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas tendrá en cuenta el peso poblacional de cada territorio, con mínimos específicos por idioma y aportaciones al fondo destinado al fomento de la producción audiovisual en lenguas cooficiales. Asimismo, se establece un tratamiento específico para las inversiones en proyectos creados o dirigidos exclusivamente por mujeres, que tendrán un cómputo particular a efectos del cumplimiento de las obligaciones de financiación.
El ámbito de aplicación comprende a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva, tanto lineales como bajo demanda, establecidos en España, que operen en el ámbito estatal y sean responsables editorialmente de sus contenidos. Las obligaciones de financiación se extienden también a determinados operadores establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea cuando dirijan comercialmente sus servicios al mercado español. Quedan excluidos determinados servicios especializados en información, deportes, juegos, publicidad o teletexto, así como los prestadores con audiencias reducidas o ingresos inferiores a los umbrales establecidos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. Los operadores deberán remitir periódicamente información sobre sus ingresos computables, composición de los catálogos, programación, prominencia de las obras europeas e inversiones realizadas.
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