El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue detenido este viernes 6 de noviembre en su residencia de Asunción, pocas horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político por la crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank.
La detención fue ordenada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración de la entidad bancaria, que mantenía cientos de millones de dólares en depósitos de instituciones públicas.
Según informó Infobae, el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía, quienes acudieron al domicilio del exmandatario para notificarle la orden de arresto.
La disposición fue dictada por un equipo de fiscales especializados en delitos económicos, anticorrupción y lavado de activos, integrado por Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Karina Benítez.
Peña recibió la notificación sin oponer resistencia. «Me voy a someter al proceso», declaró al conocer la decisión.
La orden establece que permanezca bajo arresto domiciliario hasta comparecer ante las autoridades judiciales.
Senado destituye a Peña por unanimidad
La caída del mandatario se produjo después de que los 44 senadores presentes votaran unánimemente a favor de su destitución, responsabilizándolo políticamente por el manejo de la crisis bancaria.
Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso decidió no aceptarla y continuar con el procedimiento de juicio político.
Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, cuestionaron la decisión parlamentaria y argumentaron que correspondía tramitar la dimisión presidencial.
La destitución pone término anticipado al mandato iniciado por Peña en agosto de 2023 y abre una nueva etapa política en Paraguay.
El exmandatario también pierde la posibilidad de acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya contempla para determinados expresidentes electos.
Pedro Alliana asume la Presidencia
Mientras se ejecutaba la detención de Peña, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento ante el Congreso Nacional como nuevo presidente de Paraguay.
Alliana, de 52 años y dirigente del Partido Colorado, deberá completar el período presidencial que concluye en agosto de 2028.
Su llegada al poder se produce en medio de una crisis institucional y financiera que ha generado protestas ciudadanas y cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos reguladores.
El nuevo mandatario tampoco ha quedado completamente al margen de las investigaciones, aunque el Congreso rechazó previamente una iniciativa para someterlo a juicio político.
Fiscalía investiga delitos económicos
El fiscal Christian Benítez explicó que las investigaciones consideran inicialmente posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Estas calificaciones son preliminares y podrían modificarse conforme avance el análisis de los antecedentes.
Peña fue citado a declarar este sábado a las 11:00 horas ante el Ministerio Público.
Posteriormente, un tribunal deberá evaluar las medidas cautelares aplicables y resolver su situación procesal.
La orden de detención también incluye al expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien dejó su cargo después de conocerse la crisis financiera. Al momento de difundirse la información, no estaba confirmado que hubiera sido detenido.
Las investigaciones también alcanzan a empresarios y directivos vinculados a Ueno Bank.
Según los antecedentes publicados, 27 personas han sido imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, identificado como accionista controlador de la entidad.
Seis directores del banco permanecen en prisión preventiva.
En los procedimientos realizados durante la investigación se incautaron vehículos de lujo y otros bienes vinculados a los investigados.
El colapso de Ueno Bank
La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay dispuso un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años.
El banco contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes, en un país de poco más de seis millones de habitantes.
La intervención dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos, retiros de efectivo y tarjetas bancarias.
El problema adquirió especial gravedad por la presencia de recursos públicos en la institución.
De acuerdo con los antecedentes divulgados, Ueno Bank había recibido más de US$800 millones en fondos provenientes de entidades estatales durante el Gobierno de Peña.
Entre los organismos afectados figura el Instituto de Previsión Social, que mantenía aproximadamente US$355 millones depositados en la institución.
La crisis también alcanzó a miles de jubilados cuyos recursos estaban relacionados con el sistema previsional.
Los vínculos empresariales de Peña
Uno de los elementos centrales de la investigación corresponde a los vínculos financieros que el exmandatario mantuvo con sociedades relacionadas con Ueno Bank.
Según registros patrimoniales citados en la información, Peña declaró en 2023 una participación accionaria en Ueno Holding valorada en 6.144 millones de guaraníes.
Esas acciones habrían sido vendidas en abril de 2025.
También figuraban entre sus inversiones un certificado de depósito por 2.400 millones de guaraníes y un bono de una empresa vinculada al grupo.
La Fiscalía deberá determinar si existieron actuaciones irregulares relacionadas con la asignación de recursos públicos, las decisiones de supervisión bancaria y los eventuales conflictos de intereses.
Peña ha rechazado las acusaciones de irregularidades.
Protestas y devolución de depósitos
La crisis bancaria provocó manifestaciones en Asunción, donde grupos de ciudadanos exigieron responsabilidades políticas y judiciales por el destino de sus ahorros.
Mientras el Senado debatía la destitución presidencial, manifestantes se concentraron en las calles de la capital para reclamar sanciones contra los responsables.
En paralelo, el Banco Central comenzó a implementar mecanismos de devolución anticipada de depósitos.
Los primeros pagos beneficiaron a clientes con saldos de hasta diez millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a US$1.600.
El sistema de garantía de depósitos contempla una cobertura cercana a US$37.000 por depositante, según las condiciones legales aplicables.
Las autoridades financieras sostienen que la crisis de Ueno Bank constituye un episodio aislado y que no representa un riesgo generalizado para el sistema bancario paraguayo.
Una crisis política sin precedentes recientes
La destitución y posterior detención de Santiago Peña representan uno de los episodios más graves de la política paraguaya de los últimos años.
El caso combina acusaciones de irregularidades financieras, cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, una intervención bancaria de gran magnitud y la caída anticipada de un presidente.
Para el nuevo Gobierno de Pedro Alliana, los desafíos inmediatos serán restablecer la confianza en el sistema financiero, garantizar la recuperación de los depósitos y responder a las demandas de transparencia.
Mientras tanto, Peña deberá enfrentar una investigación penal cuyo resultado determinará si existen responsabilidades judiciales adicionales a las sanciones políticas que provocaron su salida del poder.
Los antecedentes principales de la noticia —la destitución de Peña, su detención domiciliaria y la asunción de Pedro Alliana— también fueron confirmados por publicaciones del 6 de noviembre.
La entrada Detienen a Santiago Peña tras ser destituido como presidente de Paraguay se publicó primero en El Periodista.
El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue detenido este viernes 6 de noviembre en su residencia de Asunción, pocas horas después de que el Senado aprobara su destitución mediante un juicio político por la crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank. La detención fue ordenada por el Ministerio Público en el marco de
La entrada Detienen a Santiago Peña tras ser destituido como presidente de Paraguay se publicó primero en El Periodista.
Senado destituye a Peña por unanimidad
La caída del mandatario se produjo después de que los 44 senadores presentes votaran unánimemente a favor de su destitución, responsabilizándolo políticamente por el manejo de la crisis bancaria.
Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso decidió no aceptarla y continuar con el procedimiento de juicio político.
Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, cuestionaron la decisión parlamentaria y argumentaron que correspondía tramitar la dimisión presidencial.
La destitución pone término anticipado al mandato iniciado por Peña en agosto de 2023 y abre una nueva etapa política en Paraguay.
El exmandatario también pierde la posibilidad de acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya contempla para determinados expresidentes electos.
Pedro Alliana asume la Presidencia
Mientras se ejecutaba la detención de Peña, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento ante el Congreso Nacional como nuevo presidente de Paraguay.
Alliana, de 52 años y dirigente del Partido Colorado, deberá completar el período presidencial que concluye en agosto de 2028.
Su llegada al poder se produce en medio de una crisis institucional y financiera que ha generado protestas ciudadanas y cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos reguladores.
El nuevo mandatario tampoco ha quedado completamente al margen de las investigaciones, aunque el Congreso rechazó previamente una iniciativa para someterlo a juicio político.
Fiscalía investiga delitos económicos
El fiscal Christian Benítez explicó que las investigaciones consideran inicialmente posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
Estas calificaciones son preliminares y podrían modificarse conforme avance el análisis de los antecedentes.
Peña fue citado a declarar este sábado a las 11:00 horas ante el Ministerio Público.
Posteriormente, un tribunal deberá evaluar las medidas cautelares aplicables y resolver su situación procesal.
La orden de detención también incluye al expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien dejó su cargo después de conocerse la crisis financiera. Al momento de difundirse la información, no estaba confirmado que hubiera sido detenido.
Las investigaciones también alcanzan a empresarios y directivos vinculados a Ueno Bank.
Según los antecedentes publicados, 27 personas han sido imputadas, entre ellas Miguel Vázquez, identificado como accionista controlador de la entidad.
Seis directores del banco permanecen en prisión preventiva.
En los procedimientos realizados durante la investigación se incautaron vehículos de lujo y otros bienes vinculados a los investigados.
El colapso de Ueno Bank
La crisis comenzó cuando el Banco Central de Paraguay dispuso un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, una entidad financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años.
El banco contaba con aproximadamente 2,94 millones de clientes, en un país de poco más de seis millones de habitantes.
La intervención dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus depósitos, retiros de efectivo y tarjetas bancarias.
El problema adquirió especial gravedad por la presencia de recursos públicos en la institución.
De acuerdo con los antecedentes divulgados, Ueno Bank había recibido más de US$800 millones en fondos provenientes de entidades estatales durante el Gobierno de Peña.
Entre los organismos afectados figura el Instituto de Previsión Social, que mantenía aproximadamente US$355 millones depositados en la institución.
La crisis también alcanzó a miles de jubilados cuyos recursos estaban relacionados con el sistema previsional.
Los vínculos empresariales de Peña
Uno de los elementos centrales de la investigación corresponde a los vínculos financieros que el exmandatario mantuvo con sociedades relacionadas con Ueno Bank.
Según registros patrimoniales citados en la información, Peña declaró en 2023 una participación accionaria en Ueno Holding valorada en 6.144 millones de guaraníes.
Esas acciones habrían sido vendidas en abril de 2025.
También figuraban entre sus inversiones un certificado de depósito por 2.400 millones de guaraníes y un bono de una empresa vinculada al grupo.
La Fiscalía deberá determinar si existieron actuaciones irregulares relacionadas con la asignación de recursos públicos, las decisiones de supervisión bancaria y los eventuales conflictos de intereses.
Peña ha rechazado las acusaciones de irregularidades.
Protestas y devolución de depósitos
La crisis bancaria provocó manifestaciones en Asunción, donde grupos de ciudadanos exigieron responsabilidades políticas y judiciales por el destino de sus ahorros.
Mientras el Senado debatía la destitución presidencial, manifestantes se concentraron en las calles de la capital para reclamar sanciones contra los responsables.
En paralelo, el Banco Central comenzó a implementar mecanismos de devolución anticipada de depósitos.
Los primeros pagos beneficiaron a clientes con saldos de hasta diez millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a US$1.600.
El sistema de garantía de depósitos contempla una cobertura cercana a US$37.000 por depositante, según las condiciones legales aplicables.
Las autoridades financieras sostienen que la crisis de Ueno Bank constituye un episodio aislado y que no representa un riesgo generalizado para el sistema bancario paraguayo.
Una crisis política sin precedentes recientes
La destitución y posterior detención de Santiago Peña representan uno de los episodios más graves de la política paraguaya de los últimos años.
El caso combina acusaciones de irregularidades financieras, cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, una intervención bancaria de gran magnitud y la caída anticipada de un presidente.
Para el nuevo Gobierno de Pedro Alliana, los desafíos inmediatos serán restablecer la confianza en el sistema financiero, garantizar la recuperación de los depósitos y responder a las demandas de transparencia.
Mientras tanto, Peña deberá enfrentar una investigación penal cuyo resultado determinará si existen responsabilidades judiciales adicionales a las sanciones políticas que provocaron su salida del poder.
Los antecedentes principales de la noticia —la destitución de Peña, su detención domiciliaria y la asunción de Pedro Alliana— también fueron confirmados por publicaciones del 6 de noviembre.
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