La Universidad de Cornell, en Nueva York, encargó a la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates una revisión independiente y exhaustiva de sus políticas para prevenir y enfrentar casos de acoso, agresión y abuso sexual dentro de su campus.
La decisión se produce en medio de la controversia generada por la investigación de una denuncia de violación grupal ocurrida en 2024 en una fraternidad universitaria y por los cuestionamientos al procedimiento adoptado inicialmente por la Policía de Cornell.
El rector de la institución, Michael Kotlikoff, manifestó su respaldo a la nueva investigación sobre el caso, que actualmente se encuentra bajo la órbita de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
Cuestionamientos a la investigación inicial
La polémica aumentó después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, decidiera apartar del caso al fiscal del condado de Tompkins, jurisdicción donde se encuentra Cornell.
Hochul cuestionó públicamente la forma en que la Policía universitaria transmitió los antecedentes entregados originalmente por la denunciante, cuya identidad se mantiene protegida bajo el nombre de “Jane Doe”.
Según los antecedentes conocidos, la declaración remitida habría sido incompleta y habría omitido una afirmación considerada central en el testimonio de la joven: que estaba completamente segura de haber sido violada.
La controversia abrió interrogantes no solo sobre la investigación de este episodio en particular, sino también respecto de los procedimientos utilizados por Cornell para recibir denuncias, preservar evidencia y coordinarse con las autoridades externas cuando existen posibles delitos sexuales.
Sally Yates encabezará la revisión
Para enfrentar estos cuestionamientos, la junta de Cornell escogió a Sally Yates, quien fue fiscal general adjunta durante la administración del expresidente Barack Obama y actualmente ejerce como socia del estudio jurídico King & Spalding.
Su misión será realizar una revisión independiente sobre la manera en que la universidad previene y responde al acoso sexual, las agresiones sexuales y otras conductas indebidas relacionadas dentro de la comunidad universitaria.
El examen adquiere especial relevancia por la autonomía que poseen las policías de numerosas universidades estadounidenses y por el debate sobre los mecanismos internos utilizados para investigar denuncias que eventualmente pueden constituir delitos.
Abogado denuncia amenazas e intentos de identificar a la víctima
El caso sumó nuevos antecedentes luego de que Thomas Giuffra, abogado de la joven, denunciara amenazas y supuestos intentos de localizar e identificar a su representada.
El profesional aseguró además que más de siete estudiantes podrían haber participado en la presunta violación grupal. Según explicó, al menos tres mujeres habrían sido erróneamente identificadas por personas que intentaban determinar quién era la denunciante.
Giuffra sostuvo que estas acciones buscarían intimidar o silenciar a la joven mientras continúa la investigación.
Un debate que supera el caso Cornell
Las universidades estadounidenses enfrentan desde hace años cuestionamientos por la manera en que investigan las denuncias de violencia y abuso sexual dentro de sus campus. El debate se ha concentrado especialmente en los procedimientos internos, la protección de las víctimas y la obligación de informar oportunamente posibles delitos a las autoridades competentes.
En Estados Unidos, además, las instituciones que reciben fondos federales están sujetas al Título IX, normativa que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos y que ha tenido un papel central en las políticas universitarias frente al acoso y la violencia sexual.
El caso de Cornell vuelve a instalar esa discusión debido a que los cuestionamientos apuntan directamente al tratamiento inicial de una denuncia de extrema gravedad y a la eventual omisión de información relevante.
La revisión encabezada por Yates deberá establecer si los protocolos actualmente vigentes son adecuados y determinar qué cambios necesita implementar Cornell para garantizar investigaciones independientes, protección efectiva para las víctimas y una correcta coordinación con las autoridades judiciales.
La entrada Cornell revisará sus protocolos por abusos sexuales tras cuestionado manejo de denuncia de violación grupal se publicó primero en El Periodista.
La Universidad de Cornell, en Nueva York, encargó a la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates una revisión independiente y exhaustiva de sus políticas para prevenir y enfrentar casos de acoso, agresión y abuso sexual dentro de su campus. La decisión se produce en medio de la controversia generada por la investigación
La entrada Cornell revisará sus protocolos por abusos sexuales tras cuestionado manejo de denuncia de violación grupal se publicó primero en El Periodista.
La Universidad de Cornell, en Nueva York, encargó a la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates una revisión independiente y exhaustiva de sus políticas para prevenir y enfrentar casos de acoso, agresión y abuso sexual dentro de su campus.
La decisión se produce en medio de la controversia generada por la investigación de una denuncia de violación grupal ocurrida en 2024 en una fraternidad universitaria y por los cuestionamientos al procedimiento adoptado inicialmente por la Policía de Cornell.
El rector de la institución, Michael Kotlikoff, manifestó su respaldo a la nueva investigación sobre el caso, que actualmente se encuentra bajo la órbita de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
Cuestionamientos a la investigación inicial
La polémica aumentó después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, decidiera apartar del caso al fiscal del condado de Tompkins, jurisdicción donde se encuentra Cornell.
Hochul cuestionó públicamente la forma en que la Policía universitaria transmitió los antecedentes entregados originalmente por la denunciante, cuya identidad se mantiene protegida bajo el nombre de “Jane Doe”.
Según los antecedentes conocidos, la declaración remitida habría sido incompleta y habría omitido una afirmación considerada central en el testimonio de la joven: que estaba completamente segura de haber sido violada.
La controversia abrió interrogantes no solo sobre la investigación de este episodio en particular, sino también respecto de los procedimientos utilizados por Cornell para recibir denuncias, preservar evidencia y coordinarse con las autoridades externas cuando existen posibles delitos sexuales.
Sally Yates encabezará la revisión
Para enfrentar estos cuestionamientos, la junta de Cornell escogió a Sally Yates, quien fue fiscal general adjunta durante la administración del expresidente Barack Obama y actualmente ejerce como socia del estudio jurídico King & Spalding.
Su misión será realizar una revisión independiente sobre la manera en que la universidad previene y responde al acoso sexual, las agresiones sexuales y otras conductas indebidas relacionadas dentro de la comunidad universitaria.
El examen adquiere especial relevancia por la autonomía que poseen las policías de numerosas universidades estadounidenses y por el debate sobre los mecanismos internos utilizados para investigar denuncias que eventualmente pueden constituir delitos.
Abogado denuncia amenazas e intentos de identificar a la víctima
El caso sumó nuevos antecedentes luego de que Thomas Giuffra, abogado de la joven, denunciara amenazas y supuestos intentos de localizar e identificar a su representada.
El profesional aseguró además que más de siete estudiantes podrían haber participado en la presunta violación grupal. Según explicó, al menos tres mujeres habrían sido erróneamente identificadas por personas que intentaban determinar quién era la denunciante.
Giuffra sostuvo que estas acciones buscarían intimidar o silenciar a la joven mientras continúa la investigación.
Un debate que supera el caso Cornell
Las universidades estadounidenses enfrentan desde hace años cuestionamientos por la manera en que investigan las denuncias de violencia y abuso sexual dentro de sus campus. El debate se ha concentrado especialmente en los procedimientos internos, la protección de las víctimas y la obligación de informar oportunamente posibles delitos a las autoridades competentes.
En Estados Unidos, además, las instituciones que reciben fondos federales están sujetas al Título IX, normativa que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos y que ha tenido un papel central en las políticas universitarias frente al acoso y la violencia sexual.
El caso de Cornell vuelve a instalar esa discusión debido a que los cuestionamientos apuntan directamente al tratamiento inicial de una denuncia de extrema gravedad y a la eventual omisión de información relevante.
La revisión encabezada por Yates deberá establecer si los protocolos actualmente vigentes son adecuados y determinar qué cambios necesita implementar Cornell para garantizar investigaciones independientes, protección efectiva para las víctimas y una correcta coordinación con las autoridades judiciales.
Internacional archivos – El Periodista
